Mexicali.- Aunque el nuevo Programa de Protección Integral Escolar representa un avance para atender la violencia en los planteles educativos, todavía enfrenta desafíos para consolidar una estrategia preventiva y de seguimiento, advirtió el criminólogo Ramón Alberto García Calderón, director de Criminología Educativa de EDUPREV.
Tras analizar el documento y recoger opiniones de docentes y directivos durante diversas capacitaciones, el especialista afirmó que el protocolo incorpora mejoras relevantes derivadas de las experiencias del magisterio, entre ellas destacó un modelo para clasificar riesgos en accidentes escolares, una mejor conceptualización del acoso escolar y del ciberacoso, así como rutas de actuación más precisas para cada tipo de incidente.
García Calderón señaló que uno de los principales aciertos es que el protocolo define con claridad qué instituciones deben intervenir en cada caso, como la Fiscalía, la Policía Cibernética o el Instituto de Psiquiatría del Estado, lo que brinda mayor respaldo jurídico y operativo a los docentes, quienes anteriormente manifestaban incertidumbre al momento de actuar frente a situaciones de violencia.
Sin embargo, desde la perspectiva de la criminología educativa, el documento continúa privilegiando la atención de los hechos una vez ocurridos por encima de una política integral de prevención, explicó que, aunque contempla medidas de no repetición, no establece estrategias concretas ni indicadores para que las escuelas evalúen si las conductas de riesgo realmente disminuyen después de la intervención.
“Se queda en un protocolo como lo que ya se tenía, pero lo que sí es un poquito más afinado y robustecido. Y en el caso de oportunidades, en el caso del seguimiento, ahí creo que todavía nos seguimos quedando un poquito cortitos, porque hasta lo que pudimos ver, todo termina en la canalización; si bien el documento menciona como algo muy importante las medidas de no repetición, no hay claridad en cuáles son las estrategias que pudiera utilizar la escuela respecto a este tema”, explicó.
Asimismo, indicó que persisten dudas entre el personal docente para diferenciar algunos casos, como el acoso escolar y el acoso sexual, por lo que consideró indispensable fortalecer la capacitación continua para garantizar la correcta aplicación del protocolo.
Finalmente, el especialista sostuvo que la consolidación de una política preventiva también requiere reconocer formalmente la participación de criminólogos dentro de los equipos multidisciplinarios de las escuelas.
Aunque cada vez más planteles solicitan su apoyo ante problemáticas como amenazas, violencia y conflictos entre estudiantes, la figura aún no está contemplada en el marco jurídico, por lo que existe una propuesta legislativa para incorporarla junto con psicólogos y trabajadores sociales en la atención de la violencia escolar.