Mexicali.— Con el reconocimiento de que detrás de cada docente existe una persona que también puede enfrentar miedo, desgaste emocional y afectaciones profesionales, la diputada Dunnia Montserrat Murillo López presentó una iniciativa para crear la Ley de Protección al Entorno y los Derechos del Magisterio y del Personal Educativo de Baja California.
La propuesta busca brindar respaldo institucional a maestras, maestros y trabajadores de la educación que enfrenten situaciones de violencia, acoso, hostigamiento o señalamientos que, mediante resolución firme, sean determinados como dolosos o infundados.
El proyecto contempla mecanismos de acompañamiento jurídico, atención integral y medidas temporales y emergentes cuando exista riesgo para la integridad física, psicológica, laboral o profesional del personal educativo.
La iniciativa reconoce que ejercer la docencia implica mucho más que impartir conocimientos. Detrás de las aulas hay personas que diariamente acompañan, orientan y forman a niñas, niños y adolescentes, pero que también requieren sentirse protegidas y escuchadas cuando enfrentan situaciones que pueden poner en riesgo su estabilidad emocional o su trayectoria profesional.
Murillo López enfatizó que la propuesta no pretende limitar el derecho a denunciar ni obstaculizar la atención de casos legítimos de violencia escolar o conductas indebidas. Por el contrario, plantea buscar un equilibrio entre la protección de las víctimas, incluidas niñas, niños y adolescentes, y el respeto a los derechos del personal educativo.
El proyecto contempla cinco títulos, que abarcan derechos del magisterio, protocolos de actuación, confidencialidad, violencia digital, corresponsabilidad de la comunidad escolar, atención de denuncias dolosas o infundadas y coordinación entre instituciones.
La propuesta surge, además, ante planteamientos realizados por docentes y organizaciones sindicales sobre la necesidad de contar con herramientas que permitan defender tanto sus derechos laborales como su integridad personal y profesional.
La llamada Ley PROTEM pretende convertirse en un instrumento complementario al marco jurídico vigente, bajo principios de legalidad, debido proceso y presunción de inocencia.
En esencia, la iniciativa busca que quienes dedican su vida a enseñar también tengan la certeza de que, cuando atraviesen una situación injusta, no tendrán que enfrentarla solos.