Mexicali.- El proyecto de Reglamento Interior de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), impulsado por su director, Luis Felipe Chan, plantea un esquema de control interno que amenaza con convertir a cada policía de Mexicali en un elemento permanentemente vigilado, bajo sospecha y expuesto a mecanismos de supervisión que podrían rebasar los límites de una disciplina institucional razonable.
La propuesta a la que Nexos Noticias tuvo acceso por parte de elementos de la corporación, contempla una Unidad de Control Interno Policial con facultades para realizar inspecciones ordinarias y extraordinarias, revisar información, recibir denuncias, investigar conductas, clasificar posibles faltas y formular recomendaciones.
Aunque el control policial es necesario, la amplitud de estas atribuciones genera una preocupación legítima al interior de la corporación, al advertir una estructura de vigilancia constante para policías, con capacidad para intervenir en prácticamente cualquier aspecto de la actuación de sus integrantes, sea operativo o administrativo.
El mencionado proyecto no sólo no toma en cuenta, sino que se va al otro extremo, de las peticiones hechas por agrupaciones civiles, empresariales y algunos actores políticos que buscan más bien una mayor participación ciudadana en los órganos de control y vigilancia de la policía.
El problema no es fiscalizar a la policía municipal; el problema es diseñar un sistema que, bajo el argumento de fortalecer la disciplina, termine convirtiendo la supervisión en una forma de presión permanente sobre los agentes.
Académicos en criminología policial señalan que un policía que trabaja bajo la percepción de estar continuamente observado, señalado o investigado difícilmente puede desarrollar confianza institucional, pues la disciplina no se construye mediante la sospecha generalizada, sino con reglas claras, procedimientos imparciales y responsabilidades delimitadas.
El proyecto también abre un conflicto de competencias con la Sindicatura Municipal; este órgano ya cuenta con atribuciones de control, vigilancia e investigación sobre los servidores públicos municipales, incluidos los integrantes de la corporación policial. La creación de una unidad interna con facultades de investigación y seguimiento puede generar duplicidad de funciones, lo cual es por sí mismo, inconstitucional.
Más delicado aún resulta que los mecanismos de vigilancia se incorporen a la estructura de la propia Dirección de Seguridad Pública. La separación entre el mando operativo y el control disciplinario constituye una garantía para los agentes, especialmente en una institución donde existen jerarquías, conflictos laborales y relaciones de subordinación.
Concentrar en los mandos policiales herramientas para investigar, señalar o promover acciones contra sus subordinados puede abrir la puerta a actuaciones arbitrarias cuando existan diferencias personales, rivalidades o desacuerdos internos. Del mismo modo, un sistema insuficientemente independiente podría utilizarse para proteger a allegados, aliados o integrantes de determinados grupos dentro de la corporación.
La posibilidad de iniciar investigaciones, requerir información y construir expedientes representa, por sí misma, una herramienta de poder que debe estar sometida a controles estrictos, criterios objetivos y mecanismos de revisión independientes.
La propuesta de Luis Felipe Chan requiere una revisión jurídica y administrativa profunda, no puede justificarse una vigilancia desproporcionada con el argumento de modernizar la Policía; la alcaldesa Norma Bustamante y la Oficialía Mayor también tienen una responsabilidad institucional frente a este diseño. Respaldar una estructura de esta naturaleza sin transparentar sus alcances, límites y controles implicaría ignorar el malestar que puede generar entre los agentes.
En lugar de fortalecer la institución, podría terminar consolidando una estructura donde el enemigo del policía no sea la falta de disciplina, sino el uso discrecional del poder dentro de su propia corporación.