Mexicali.- Lo que José Ramón Chaparro Mora firmó como una garantía para poder rentar un vehículo terminó, según denuncia, convertido en una reclamación por millones de pesos y en un procedimiento judicial que ahora amenaza con alcanzar su patrimonio.
Chaparro asegura que llegó a una empresa relacionada con la renta de vehículos para trabajar mediante una plataforma de transporte, el acuerdo establecía, según su testimonio, un pago de 600 pesos diarios. Como parte del contrato firmó un pagaré por 185 mil pesos.
La explicación que recibió, afirma, era que el documento serviría únicamente como respaldo en caso de que el automóvil fuera robado o sufriera daños.
Después de aproximadamente un año decidió dejar la actividad, entregó la unidad y asegura que fue revisada, sin que en ese momento se le informara sobre algún adeudo, daño pendiente o reclamación económica. Meses después, el escenario cambió.
Representantes de Asociados Martínez Cervantes acudieron a su domicilio para notificarle un procedimiento relacionado con el pagaré; Chaparro sostiene que le informaron que el documento había sido adquirido a la empresa y que ahora debía cubrir 185 mil pesos.
El trabajador asegura que cuestionó el origen de la deuda y pidió conocer qué daños había provocado al vehículo. Según su relato, la respuesta no correspondió con lo que originalmente había entendido sobre el pagaré.
En un intento por resolver el conflicto, acudió al despacho para negociar, afirma que las cantidades planteadas fueron cambiando durante las conversaciones, primero se habló de pagos menores y posteriormente de montos superiores a 160 mil pesos.
Chaparro sostiene que esos días de negociación terminaron afectando su posibilidad de responder oportunamente dentro del procedimiento judicial. Posteriormente, asegura, su abogado le explicó que había sido declarado en rebeldía.
El conflicto adquirió entonces una dimensión mayor, de acuerdo con el afectado, el procedimiento podría alcanzar su domicilio, situación que representa para él el riesgo de perder parte de su patrimonio por una deuda que asegura no reconocer.
Aunque el señalamiento deberá determinarse en las instancias correspondientes, un despacho de cobranza no puede por sí mismo ejecutar un embargo ni ingresar a un domicilio para disponer de bienes; esas medidas requieren sustento y actuación judicial conforme al procedimiento legal.
Paralelamente, Chaparro presentó una denuncia por presunto fraude y abuso de confianza, la investigación continúa y, según su testimonio, recientemente acudió ante la autoridad para conocer el avance de su carpeta. El próximo 5 de octubre tiene programada una audiencia relacionada con el procedimiento derivado del pagaré.