Mexicali.- A pesar del anuncio oficial de que los nuevos protocolos de protección integral escolar estarán listos para el ciclo 2025-2026, la Comisión Estatal de Supervisores y Jefes de Sector de Educación Básica de Baja California manifestó su rechazo al proceso actual de revisión impulsado por la Secretaría de Educación; la postura, emitida en un posicionamiento fechado el 16 de julio, cuestiona la validez de una estrategia basada en formularios digitales sin respaldo jurídico ni participación efectiva del magisterio.
El posicionamiento ocurre en el contexto del caso de Martín Damián, alumno fallecido en 2023 por falta de auxilio tras un golpe en la cabeza. Por ese hecho, un maestro fue declarado penalmente responsable, lo que reavivó la urgencia de contar con protocolos claros y legalmente sólidos. La titular de Educación, Irma Martínez Manríquez, aseguró que se está construyendo un documento que respalde al personal educativo y que será presentado tras el receso docente.
Sin embargo, los supervisores señalan vacíos normativos, falta de lineamientos técnicos y un glosario confuso en la propuesta 2025. Advierten que, de aprobarse en los términos actuales, se incrementa el riesgo de criminalización de maestros ante emergencias escolares, lo que profundiza la incertidumbre jurídica en las escuelas.
“No pueden ser particulares los protocolos, son generales, para acciones generales para situaciones generales, creemos que los protocolos tienen que sumar la mayor de las intenciones y de las propuestas”, explicó la funcionaria.
Entre sus propuestas del magisterio, exigen una revisión colegiada con participación directa del magisterio en sesiones de colectivo docente, la instalación de una mesa jurídica permanente, la creación de una Dirección de Protocolos con presencia municipal, y la incorporación de una cláusula que proteja al personal que actúe de buena fe. También plantean foros regionales presenciales con participación de docentes, especialistas, sindicatos y autoridades.
“La protección infantil no puede construirse sobre la desprotección del maestro”, señala el documento, mientras la Secretaría asegura que “se escuchan todas las voces”, los supervisores insisten en que la participación efectiva aún no llega.
