Mexicali. – La salida del teniente coronel Jorge Enrique Medina de Jesús de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California no es un trámite administrativo ni un movimiento interno, es la renuncia de un mando señalado directamente por un periodista como autor intelectual de una agresión que conmocionó a la prensa local.
En audiencia judicial, el periodista Jorge Heras fue claro, detrás de los hombres que lo golpearon a las afueras de su centro de trabajo estaba la mano de Medina, un hombre con poder y con vínculos en los cuerpos de seguridad.
“Un hombre de poder militar y a quien yo asumo que es la persona, el autor intelectual”, expresó Heras frente al juez, en un testimonio que puso rostro y jerarquía a la violencia.
Ante esta acusación, la Secretaría de Seguridad intentó contener los daños. El titular de la dependencia, Laureano Carrillo, confirmó que Medina ya no forma parte de la operatividad de la Fuerza Estatal de seguridad, aunque primero dijo que el mando pidió su renuncia, después rectifico y aseguró que fue él mismo quien le había solicitado que renunciara.
“La única evidencia que tenemos son los audios […], donde él da unas indicaciones para que sea reportada la página del compañero”, aclaró.
Ah Sin embargo, la explicación no disipa las dudas pues el contraste es evidente, mientras el periodista lo acusa directamente de ser el cerebro detrás de su agresión, la Secretaría se limita a decir que solo hay “indicios digitales” y ningún vínculo con la violencia física.
Esa narrativa institucional se queda corta ante el señalamiento frontal de la víctima.
Además, Carrillo justificó la ausencia de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) durante el ataque con un argumento operativo, pues asegura que las patrullas estaban desplegadas en el Valle de Mexicali.
“En ningún momento se le dijo que no asistieran a la investigación, – ¿Y por qué no fueron a la investigación? – Pues esa situación desconozco todavía”, concluyó.
La renuncia de Medina, entonces, se lee más como un movimiento político que como un acto de justicia, un sacrificio administrativo para intentar cerrar un caso incómodo, mientras la investigación penal sigue en manos de la Fiscalía.
Pero la salida no borra el hecho de que el nombre del teniente coronel ya está inscrito en el expediente judicial, señalado directamente por la víctima como responsable intelectual.
El impacto es mayor porque el ataque contra Heras no solo dejó huellas físicas, también cerró temporalmente su programa Ciudad Capital, silenciando un espacio crítico que tocaba temas de corrupción policial.
Esa es la verdadera dimensión del caso, no se trata únicamente de un periodista agredido, sino de un acto de censura consumado a golpes, con consecuencias en el derecho ciudadano a estar informado.
