Mexicali.– La administración municipal de Mexicali presentó finalmente el protocolo para el uso de cámaras corporales en la Policía Municipal, un anuncio esperado desde hace meses, considerando que el equipo permanecía almacenado sin uso efectivo, sin embargo, el entusiasmo oficial contrastó con la realidad, pues lo que se presentó fue una guía administrativa, no un reglamento con fuerza normativa, lo que abre un amplio margen de discrecionalidad y cuestiona si de verdad habrá transparencia y rendición de cuentas.
El Ayuntamiento presentó con entusiasmo el nuevo Protocolo para el uso de cámaras corporales, en rueda de prensa, el síndico procurador Óscar Vega Marín, el director de Seguridad Pública Luis Felipe Chan y el secretario del Ayuntamiento Rodrigo Llantada aseguraron que se trata de un paso firme hacia la transparencia.
El primer gran vacío está en el propio instrumento elegido, cuando se cuestionó por qué no se elaboró un reglamento formal, Llantada respondió que un protocolo tiene la misma validez jurídica y que bastaba con las facultades del titular de la corporación para organizar la fuerza pública. La explicación, sin embargo, resulta débil.
Un reglamento aprobado por Cabildo garantiza la posibilidad de establecer sanciones claras y vinculantes, mientras que un protocolo, en cambio, queda reducido a una guía administrativa dependiente de la voluntad de la propia corporación y de quien sea el titular, en términos prácticos, los policías seguirán respondiendo únicamente a sus superiores inmediatos, no a una norma discutida y legitimada.
El protocolo es claro en su redacción, las cámaras deben activarse “de manera ininterrumpida durante la totalidad de los eventos en que participe un policía”, en la práctica, eso significa que cada intervención con la ciudadanía debe quedar grabada.
Pero en la conferencia, el propio director Chan dijo que los policías pueden tener la cámara apagada mientras no estén en intervención, e incluso reconoció que podrán los policías decidir en qué momentos encenderla, la norma escrita habla de obligatoriedad absoluta, aunque en la propuesta se deja a la discrecionalidad del agente.
Otro punto del protocolo establece que los policías deberán informar a las personas con las que interactúen que están siendo videograbadas, lo cual es un requisito mínimo de transparencia y respeto a la privacidad; pero cuando se les preguntó si los ciudadanos recibirán siempre esa notificación, la respuesta fue confusa.
“Eso no queda claro en el protocolo, pero pues es lógico que no”, dijo Chan, insinuando que dependerá de la circunstancia; la norma exige avisar, pero la autoridad minimiza esa obligación; otro punto grave surgió cuando se preguntó si las cámaras podrían grabar a menores de edad durante las intervenciones, la respuesta del director fue afirmativa.
“Pudiera ser la situación si el servicio lo requiere”. El protocolo menciona derechos humanos y privacidad; el director justifica que niñas y niños sean grabados sin salvaguardas específicas, una declaración que no solo refleja improvisación, sino que contradice principios elementales de protección de derechos de la niñez.
Sobre sanciones, el protocolo apenas señala que cualquier mal uso de las cámaras dará lugar a responsabilidad administrativa, nada más. No hay un catálogo de faltas ni criterios de proporcionalidad.
En la rueda de prensa, Vega Marín intentó llenar el vacío con un discurso ambiguo, dijo que las sanciones irán “desde una suspensión hasta un cese”, dependiendo de la gravedad y de si el agente puede justificar la falta.
Se repitió varias veces que las cámaras serán una defensa para los policías frente a acusaciones falsas, pero el énfasis nunca estuvo en garantizar que el ciudadano pueda acceder a la verdad cuando denuncia un abuso.
Las grabaciones son reservadas y solo podrán difundirse con autorización expresa del director, ante la prensa, los funcionarios confirmaron que un ciudadano no podrá solicitar directamente los videos, ni siquiera si aparece en ellos, salvo a través de un proceso legal; la norma y el discurso coinciden aquí pues la transparencia no será hacia la ciudadanía, sino hacia las autoridades.
En el discurso coincidieron que las grabaciones sirven tanto para sancionar a policías como para demostrar cuando la falla es del ciudadano, un equilibrio aparente, pero en los hechos, el ciudadano tendrá que iniciar un proceso legal para acceder a una grabación, mientras tanto, la propia corporación a través del Centro Estratégico de Evaluación y Eficiencia decide qué se conserva, qué se difunde y qué se borra.
El Ayuntamiento celebró la publicación de un protocolo. La ciudadanía esperaba un reglamento. Y esa diferencia no es menor pues significa pasar de una transparencia de papel a una rendición de cuentas real. Por ahora, lo que hay es lo primero.
