Mexicali.– Cuatro años después de la tragedia que arrebató la vida de la estudiante de medicina Reina Michelle Benítez, este 1 de octubre se reanudó la audiencia penal en contra del ginecólogo José Andrés “N”, acusado de homicidio culposo y responsabilidad médica y técnica.
El proceso, que se desarrolla en el Centro de Justicia en calle Sur, representa un nuevo capítulo en la lucha de la familia de la joven estudiante de medicina por obtener justicia, tras un largo camino de obstáculos legales y periciales.
Michelle, de 22 años, ingresó al quirófano del Hospital de la Familia para someterse a una cirugía laparoscópica con el fin de extirpar un quiste en el ovario derecho. Horas antes, el médico había asegurado a la familia que se trataba de un procedimiento sencillo, de bajo riesgo y con rápida recuperación.
Sin embargo, durante la operación ocurrió una complicación fatal, el doctor presuntamente ocasionó una laceración de aproximadamente 15 centímetros en una arteria del lado contrario a la zona de intervención, lo que provocó una hemorragia interna masiva.
La carpeta de investigación detalla que, tras la lesión, el médico informó a los padres que la paciente estaba “delicada”, mientras mostraba el quiste presuntamente extirpado.
No obstante, la condición real de Michelle era crítica, pues testimonios señalan que el médico se retiró del hospital, dejando a la paciente a cargo de otros especialistas que no lograron detener la hemorragia. Pese a los esfuerzos en terapia intensiva, la joven falleció esa misma tarde, generando la indignación de la familia, que de inmediato denunció los hechos ante la Fiscalía General del Estado.
El caso no avanzó con rapidez, en los primeros intentos, la defensa de la familia enfrentó la falta de dictámenes periciales especializados que confirmaran la mala práctica médica, lo que llevó a que en agosto del 2021 un juez determinara no vincularlo al proceso penal.
Según el asesor jurídico Alejandro Emiliano Reina Curiel, el Comision de Arbitraje Médico (CAME), mostró resistencia para emitir peritajes, lo que prolongó el proceso durante años, por lo que necesario buscar especialistas y forenses externos para completar los estudios que, finalmente, concluyeron que hubo impericia, negligencia y omisiones graves en la atención brindada a Michelle.
El abogado subrayó que no se busca criminalizar al gremio médico, sino responsabilizar los actos específicos que derivaron en la muerte de la joven. A su juicio, el caso marca un precedente en Baja California, pues muy pocos procesos por negligencia médica alcanzan esta etapa procesal y existen escasas sentencias condenatorias en la materia.
En paralelo, la vía civil ya había arrojado un fallo relevante el pasado mes de mayo de este años, un juez condenó al doctor y al Hospital de la Familia a pagar más de 800 mil pesos en concepto de indemnización, gastos funerarios y atención psicológica para los familiares, además de ordenar una disculpa pública. El fallo también estableció que el hospital actuó con corresponsabilidad, al no contar con equipo ni personal preparados para atender una emergencia quirúrgica; de este caso el médico presentó una apelación.
Anel Ruelas Ávila, madre de Michelle, reiteró en esta audiencia que su mayor anhelo es que la justicia prevalezca, aseguró que revivir los antecedentes resulta doloroso, pero mantiene la esperanza de que, ahora con peritajes completos y pruebas sólidas, se logre vincular al médico a proceso penal.
Para la familia, la batalla no es solo por el recuerdo de Michelle, sino también para evitar que otros casos similares queden en la impunidad, el acompañamiento social que han recibido refuerza la exigencia de un precedente que sancione la negligencia médica y obligue a las instituciones privadas a mejorar sus protocolos de atención.
Para la familia Benítez, el tiempo transcurrido no ha mermado su determinación, lograr que la muerte de Michelle no quede como un expediente más, sino como un caso emblemático que reivindique el derecho a la justicia en situaciones de mala práctica médica.
Después de más de seis horas de audiencia de formulación de imputación la defensa solicitó la ampliación del término constitucional de las 144 horas por lo que la vinculación se resolverá el próximo lunes.
