Mexicali, BC. — El 16 de febrero de 2020, el periodista Israel García fue brutalmente agredido mientras cubría un accidente con múltiples lesionados en la estación de bomberos. Cinco años después, su caso sigue estancado en la Fiscalía General del Estado (FGE), reflejando la preocupante lentitud y falta de voluntad en la impartición de justicia en Baja California.
Israel, reportero de la fuente policiaca, realizaba una transmisión en vivo para la página Radio Patrulla cuando fue atacado por al menos cinco personas. Le exigieron borrar el material grabado, lo golpearon con una hebilla de cinturón y lo dejaron inconsciente, todo esto mientras su hijo presenciaba la agresión desde el interior del vehículo. La patrulla de la policía municipal llegó cuando todo había terminado.
A pesar de que la agresión fue pública y documentada, la Fiscalía tardó cuatro años en imputar a dos presuntos responsables, apenas en mayo de 2024. Pero desde entonces, nada ha cambiado: los agresores no han sido vinculados a proceso y el caso sigue atorado en la fase intermedia, sin señales de avance hacia un juicio oral.
“Se dieron tres meses para hacerme estudios con un perito, pero se acabó el plazo y nunca me volvieron a llamar”, relata Israel con frustración. Las secuelas de la golpiza persisten: daños físicos permanentes en costillas y mandíbula, además del miedo constante que lo ha obligado a limitar su labor periodística.
La Red de Periodistas de Mexicali ha exigido reiteradamente a la FGE y al fiscal a cargo del caso que actúen con la celeridad que la justicia exige. Sin embargo, las únicas respuestas llegan después de protestas públicas, con promesas vacías que se diluyen con el tiempo. La indiferencia institucional no solo perpetúa la impunidad, sino que envía un mensaje alarmante a la prensa local: agredir a un periodista no tiene consecuencias.
El caso de Israel García es un recordatorio doloroso de la precariedad en la que trabajan los periodistas en Baja California. La lentitud de la Fiscalía no es solo negligencia, es complicidad con los agresores. Después de cinco años, la exigencia es clara: justicia sin dilaciones, porque cada día que pasa sin resolución, es un día más de impunidad.
