Mexicali.- La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, respondió este martes a las declaraciones del exgobernador Jaime Bonilla Valdez, luego de que éste la señalara públicamente y la acusara de supuestos nexos con el crimen organizado, además de responsabilizarla por su presunta revocación de visa.
Durante su conferencia mañanera en Mexicali, la mandataria estatal calificó como graves y sin sustento los señalamientos lanzados por Bonilla.
“Es indigno que un exgobernador haga acusaciones tan serias sin mostrar prueba alguna, con la única intención de difamar, de calumniar, de mentir con el fin de desviar la atención”, expresó Marina del Pilar.
La gobernadora no descartó proceder legalmente en contra del exmandatario estatal, a quien también se refirió como Jaime “N”, al recordar que actualmente se encuentra vinculado a proceso por el polémico caso de la planta fotovoltaica impulsada durante su administración en 2021.
Durante la conferencia Miércoles de Mañanera, autoridades estatales presentaron información financiera relacionada con el proyecto de abastecimiento de energía, señalando que durante el gobierno de Jaime Bonilla se comprometieron pagos millonarios con empresas privadas.
De acuerdo con las cifras expuestas, el esquema contemplaba costos significativamente superiores a los del suministro básico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), particularmente en el caso del Acueducto Río Colorado-Tijuana.
Según la tabla presentada por la administración estatal, en 2023 el suministro básico de CFE representó una facturación de 1 mil 87 millones de pesos, mientras que con el esquema de la central fotovoltaica el monto habría ascendido a más de 1 mil 532 millones de pesos.
Para 2024, la diferencia proyectada habría sido de aproximadamente 370 millones de pesos, y para 2025, de más de 405 millones de pesos.
Durante la conferencia, el secretario de Hacienda de Baja California, Andrés Pulido Saavedra, aseguró que además de los compromisos económicos relacionados con el proyecto, la actual administración tuvo que enfrentar adeudos pendientes.
“Se le quedó también pendiente una deuda suma de 80 millones que también le pagamos. Entonces, si sumamos los 702 millones más, son 782 millones de pesos”, declaró el funcionario.
Pulido Saavedra señaló que dichos montos forman parte de las cargas financieras heredadas y que, según el gobierno estatal, afectaron las finanzas públicas.
Las declaraciones se dan en medio de un nuevo episodio de confrontación política entre ambos personajes, luego de que en días recientes el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (TEJA) resolviera a favor de la gobernadora en un asunto relacionado con violencia política en razón de género, en el que se señaló a Jaime Bonilla.
Con este nuevo cruce de acusaciones, el conflicto entre la actual y la pasada administración vuelve a colocarse en el centro de la agenda política estatal.
