Mexicali.- La batalla legal emprendida por vecinos y ambientalistas contra una recicladora ubicada sobre la carretera a San Felipe dio un paso significativo luego de que un juzgado federal ordenara la aplicación de medidas precautorias para evitar mayores afectaciones al medio ambiente derivadas de los incendios registrados en el sitio.
“El juzgado de distrito acepta la petición bajo el artículo 31 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, donde el juzgado tiene facultad para aplicar medidas percutoras y le ordena a la Procuraduría y a la Secretaría de Medio Ambiente que aplique las medidas pertinentes, estas medidas pertinentes precautorias, clausura temporal, cierre, lo que sea necesario para salvar el interés legítimo del medio ambiente”, explicó Manuel a Alejandro Castillo, abogado ambientalista e integrante del Comité de Justicia Ambiental.
La resolución fue emitida dentro de un juicio de responsabilidad ambiental promovido tras los constantes incendios en el sitio; durante el proceso, la empresa fue notificada formalmente de la demanda, pero no presentó contestación ni documentación para acreditar que cumple con los requisitos ambientales y de seguridad necesarios para operar.
En respuesta, el Juzgado Cuarto de Distrito determinó que corresponde a las autoridades ambientales competentes evaluar y ejecutar las acciones necesarias para proteger el interés ambiental, la resolución fue dirigida a instancias estatales y federales relacionadas con la vigilancia y regulación ambiental, facultándolas para aplicar medidas precautorias que pueden incluir la clausura temporal de las instalaciones.
La decisión judicial representa uno de los avances más importantes dentro del procedimiento, ya que reconoce la necesidad de actuar de manera preventiva mientras se resuelve el fondo del juicio y se determina si existe responsabilidad ambiental por los daños denunciados.
Sin embargo, aunque las dependencias involucradas ya fueron notificadas oficialmente, hasta el momento no se ha informado sobre la implementación de alguna medida concreta en el predio.
“La Secretaría hasta la fecha no se ha posicionado, vine a preguntar, no me ha dicho absolutamente cuándo se va a hacer la clausura, cuándo van a aplicar medidas preectorias de parte del órgano federal, remiten que está en Tijuana, en Tijuana está el procurador Omar Durán que es el encargado de autorizar esta situación, ojalá y esperemos que lo haga lo más rápido posible, estamos latentes que en cualquier momento pueda pasar algo similar o simplemente la empresa se ve a la fuga y no podemos encontrar nada”, explicó.
Mientras tanto, la demanda principal continúa su curso y busca no solo determinar responsabilidades, sino también obtener la reparación integral de los daños ambientales presuntamente ocasionados por la operación de la recicladora, cuyos incendios recurrentes han generado preocupación entre residentes de comunidades cercanas y usuarios de una de las principales vialidades de acceso a la ciudad.