Mexicali.- El caso de Natividad Alfaro Villalba, quien denunció a su expareja Antonio “N”, agente de investigación, por violencia familiar y vicaria, tuvo un avance judicial con la vinculación a proceso del imputado. No obstante, la víctima advirtió que el acoso y el hostigamiento continúan, mientras las medidas de protección resultan insuficientes para garantizar su seguridad y la de sus hijos.
El miércoles pasado se celebró una audiencia en la que el imputado buscó diferir los cargos mediante el pago de un dictamen psicológico y un periodo de “buena conducta”. La defensa de la víctima se opuso de forma fundada y el juez resolvió a favor de Natividad, manteniendo abierto el proceso penal. Aun así, la mujer denunció acciones posteriores que considera represalias.
“Necesito algo que realmente me pueda ayudar a sentirme segura, a continuar con mi vida, se supone que tenemos que tener una vida libre de violencia y no siento tener una vida libre de violencia, al contrario, Cada audiencia que se me programa, cada paso, cada día que avanza, es una situación más que me llena de inseguridad”, expresó Natividad.
Al día siguiente de la audiencia, una persona que se identificó como personal del Sistema DIF acudió a su domicilio, entrevistó a su hijo menor sin identificarse formalmente, intentó ingresar a la vivienda y dejó un citatorio.
Natividad cuestionó la intervención y su forma. “Tengo todo lo que me está pidiendo DIF ahorita, pero no confío realmente en esa institución, no confío en como hizo el hecho el día de ayer y no confío en que realmente vayan a hacer las los pasos y lo que procede para un derecho mío como madre”, señaló.
Aunque cuenta con medidas provisionales, Natividad relató un seguimiento vehicular reciente del imputado y una respuesta limitada de la policía municipal al solicitar auxilio. Además, subrayó que el agente continúa en servicio dentro de la Fiscalía General del Estado de Baja California, sin información clara sobre suspensión o sanción administrativa.
Ante este escenario, la víctima volvió a alzar la voz para exigir protección real, el cese del hostigamiento y que no se utilicen influencias institucionales para intimidarla.
