Mexicali.- El gobierno municipal de Mexicali prepara la instalación de un nuevo elevador en el Palacio Municipal, tras casi un año de inactividad del actual, lo que llama la atención no es solo el retraso, sino el costo, más de 2.1 millones de pesos por un solo elevador de cabina, modelo sin cuarto de máquinas, con tres estaciones y sistema electromecánico.
El contrato, identificado como 01-AYTOMXL-OM-ADQ-16-25, fue adjudicado a José Manuel Hernández Morales, el mismo proveedor que suministró el elevador instalado este año en la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), durante la gestión del director Julián Leyzaola Pérez, a diferencia del Palacio Municipal, el elevador de la DSPM tuvo un costo de apenas $796,500 pesos y, aunque fue contratado también para “personas con discapacidad”, se construyó con uso exclusivo para el jefe policial.
La diferencia de costos entre ambos casos no es menor, ambos contratos se adjudicaron al mismo proveedor, pero mientras uno sirvió para uso exclusivo de un funcionario, el otro se justifica como un derecho pospuesto de accesibilidad pública.
El elevador de Leyzaola fue hidráulico, de dos estaciones, con un recorrido de 4.80 metros; el que se instalará en el Palacio Municipal será electromecánico, con recorrido de 15 metros, tres niveles y acabados en acero. Sin embargo, ni la tecnología ni la distancia justifican por completo la diferencia de 1.3 millones de pesos entre ambos equipos, más aún considerando que el primero terminó abandonado y sin utilidad.
La paradoja es evidente, el único elevador entregado durante la actual administración fue de uso privado y hoy no sirve a nadie, mientras tanto, el Palacio Municipal (donde diariamente acuden ciudadanos a realizar trámites ante Regidores, Presidencia, Sindicatura o Atención Ciudadana), había permanecido sin elevador desde octubre de 2024.
La falta de accesibilidad ha afectado a personas con discapacidad, adultos mayores y usuarias con movilidad reducida, quienes deben subir escaleras bajo condiciones adversas sin ningún tipo de asistencia institucional.
Desde enero, regidores de oposición exigieron públicamente a la Presidenta Norma Bustamante la reparación del elevador del Palacio. No hubo respuesta. No hubo proyecto. No hubo alternativas. Solo ahora, tras casi un año de omisión, el gobierno municipal decidió ejecutar la obra. Pero lo hace tarde y caro.
El contrato firmado en mayo pasado para el nuevo elevador incluye: una cabina electromecánica Alacet con capacidad para cinco personas, puertas telescópicas automáticas, iluminación LED, motor gearless y acabados en acero homosilver. También se detalla el procedimiento técnico para su instalación, pruebas, puesta en marcha y capacitación del personal, con una garantía de 12 meses.
Frente a esta nueva inversión, el contraste con el elevador de la Dirección de Seguridad Pública Municipal resulta aún más cuestionable. Fue entregado rápidamente, ejecutado sin consulta pública, vigilado por elementos policiacos que restringían su uso, y hoy permanece cerrado, sin mantenimiento, ni función operativa.
En lugar de ser una política transversal de accesibilidad, la infraestructura vertical del Palacio Municipal ha tardado más de nueve meses en aprobarse, pese a las demandas constantes de la comunidad. Y cuando finalmente se ejecuta, se hace a un costo significativamente mayor, con recursos públicos que podrían haberse optimizado si existiera una planeación integral.
La diferencia de costos entre ambos contratos no es solo un tema técnico, es un reflejo de las prioridades de gobierno. Una obra privada abandonada y una obra pública postergada, contrastan no solo en precio, sino en sentido de propósito.
En una ciudad donde los edificios públicos siguen presentando barreras físicas y simbólicas, el gasto en infraestructura también habla, y en este caso, la accesibilidad llegó después, más cara… y solo cuando ya no pudo seguirse ignorando.
