Mexicali.- El Congreso de Baja California interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para detener el pago de indemnizaciones millonarias a magistrados del Tribunal de Justicia Electoral del estado, quienes habrían modificado sus propias condiciones laborales para asegurarse un finiquito de más de 4 millones de pesos por persona al concluir su encargo.
Esta acción se presenta luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechara el recurso de impugnación promovido por el diputado local Juan Manuel Molina, bajo el argumento de que el tema no corresponde a la materia electoral.
Lejos de considerarlo una derrota legal, Molina —también presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso— aseguró que esta resolución abre una nueva ruta jurídica: la vía constitucional. “El tribunal desechó el recurso, pero existen otros caminos. Esto puede y debe revisarse en la Corte. No es un asunto cerrado”, expresó el legislador.
A través de un comunicado oficial, el Congreso señaló que este pago vulnera la competencia del Poder Legislativo, al comprometer recursos públicos sin autorización presupuestal. Según explicó Molina, el monto que se pretende entregar carece de sustento legal y representa una asignación arbitraria de fondos, por parte de los propios beneficiarios.
La controversia fue elaborada por el área jurídica del Congreso con base en el artículo 105 constitucional, y sustentada en reformas recientes que permiten a los órganos legislativos impugnar decisiones de otros poderes o entes autónomos cuando se invade su esfera de competencia o se compromete el manejo de los recursos públicos.
El diputado también cuestionó la lógica detrás del pago, al señalar que los magistrados tienen percepciones mensuales cercanas a los 200 mil pesos y carecen de justificación moral para recibir una indemnización adicional. “Yo creo que con ese sueldo les alcanza para su retiro”, ironizó.
Finalmente, lamentó la tibieza de ciertos sectores sociales ante lo que calificó como una medida excesiva. “Hay actores que suelen ser muy vocales sobre el uso del presupuesto, pero hoy guardan silencio”, concluyó.
De concretarse, esta indemnización sería un caso sin precedentes en el país.
