Mexicali.- En audiencia de vinculación se evidenció uno de los principales argumentos con los que la Fiscalía General del Estado pretende vincular a proceso al exdirector de la Policía Municipal, Pedro Ariel Mendívil García, comenzó a ser cuestionado por la propia defensa durante la audiencia, al sostener que la institución simplemente no tenía el control de las herramientas tecnológicas que, según el Ministerio Público, habrían servido para facilitar la desaparición de dos jóvenes ocurrida el 3 de enero de 2023.
Desde el inicio de la imputación, la Fiscalía ha sostenido que el entonces coordinador de la Unidad de Análisis e Inteligencia (UDAI), monitoreaba cámaras de videovigilancia y el sistema GPS de las patrullas para advertir a los agentes involucrados sobre posibles riesgos y, en caso necesario, eliminar evidencia. Esa supuesta capacidad operativa constituye uno de los elementos con los que busca acreditar que los mandos superiores brindaban apoyo y consentimiento a la célula de policías investigada.
Sin embargo, durante su declaración, Mendívil afirmó que ese escenario no correspondía a la realidad tecnológica de la corporación en 2023.
Explicó que, precisamente el 1 de enero de ese año, el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado iniciaban el proceso de sustitución de la infraestructura de videovigilancia mediante un convenio de modernización, por lo que las cámaras municipales estaban siendo desmontadas e instaladas nuevamente, añadió que la Dirección de Seguridad Pública únicamente podía observar algunas cámaras del sistema de semaforización y transporte, mientras que la administración, grabación y resguardo de las imágenes correspondían a la entonces Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado, a través del C5 a cargo del ex secretario Tizoc Aguilar Durán.
La declaración coloca bajo cuestionamiento una parte relevante de la narrativa ministerial, pues si la DSPM no administraba las grabaciones ni tenía posibilidad de manipularlas, la defensa sostiene que resulta inconsistente atribuir a los mandos municipales una capacidad de ocultamiento basada precisamente en esos sistemas.
El exdirector también aseguró que el centro de monitoreo adquirido durante su administración nunca entró en funciones antes de su salida del cargo; señaló que las nuevas cámaras quedaron completamente instaladas hasta mediados de 2024 y que el videowall adquirido para operar más de mil cámaras jamás fue puesto en marcha durante su gestión.
La misma línea siguió respecto al GPS de las patrullas. Aunque los vehículos ya contaban con dispositivos instalados, afirmó que la plataforma para consultar sus recorridos y extraer información tampoco operaba en enero de 2023, ya que la empresa proveedora concluyó su habilitación y capacitación hasta 2024.
Con ello, la defensa no solo negó las acusaciones, sino que expuso una aparente contradicción en la teoría de la Fiscalía, mientras el Ministerio Público sostiene que existía un sistema de vigilancia utilizado para proteger a policías vinculados con desapariciones, el exdirector asegura que esos mecanismos ni siquiera estaban bajo control de la corporación al momento de los hechos.
Incluso quedó expuesto en audiencia que fue hasta el mes de Mayo, tres meses después de la privación ilegal de la libertad y desaparición de los jóvenes, la Fiscalía solicitó a servicios públicos municipales las imágenes de las cámaras que se ubican en la intersección de Independencia y Francisco L. Montejano, sin embargo, éstas ya no existían pues el sistema de grabaciones solamente las almacenaba por 15 días.