Tijuana.– La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) emitió dos recomendaciones dirigidas a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) de Tijuana por violaciones a los derechos humanos de una mujer indígena de origen mixteco, identificada como “V”.
Los hechos se remontan al 23 de enero de 2024, cuando V, de 34 años y originaria de Guerrero, fue víctima de agresión sexual tras abordar un taxi libre en la zona centro. El conductor desvió la ruta y la agredió físicamente. En su intento por huir, la mujer resultó lesionada al caer dentro de un domicilio ajeno, donde fue localizada por la policía.
En lugar de brindarle auxilio, los agentes municipales la amenazaron con dispararle, la esposaron y posteriormente la abandonaron bajo un puente, sin ofrecerle ningún tipo de protección. Un día después, V denunció el abuso ante la CEDHBC.
Posteriormente, al acudir a presentar su denuncia penal ante la FGE, fue revictimizada por una agente estatal que cuestionó su testimonio y la amenazó con encarcelarla. Estas acciones motivaron la apertura de dos expedientes por parte de la CEDHBC, acreditándose violaciones a los derechos a la seguridad jurídica, legalidad, integridad personal con perspectiva de género, trato digno y a una vida libre de violencia institucional.
La CEDHBC recomendó a ambas instituciones localizar a V para brindarle atención psicológica y médica, capacitar a su personal en derechos humanos y perspectiva de género, y garantizar el acceso a traductores e intérpretes en casos que involucren a mujeres indígenas. En el caso de la SSPCM, se exigió instruir a su personal para que, ante hechos de violencia de género, actúen con debida diligencia y protección integral. A la FGE se le solicitó que las víctimas sean atendidas desde el primer contacto por personal especializado, además de fortalecer sus áreas de atención a víctimas.
Las recomendaciones son públicas y deberán ser respondidas en un plazo de diez días hábiles. De no ser aceptadas o cumplidas, la Comisión podrá hacer pública la negativa y el Congreso local podrá requerir a los funcionarios responsables para rendir cuentas.
