Mexicali.– Integrantes del colectivo Madres Unidas y Fuertes encabezaron nuevas exigencias públicas hacia autoridades estatales al denunciar presuntas inconsistencias en investigaciones sobre fosas clandestinas, falta de seguridad durante jornadas de búsqueda y posibles tratos desiguales entre agrupaciones de familiares de personas desaparecidas.
Durante una manifestación en el desfile del Día del Trabajo, la líder del colectivo, Irma Leyva, pidió avances concretos en las indagatorias y mayor respaldo institucional.
Las demandas se producen semanas después de que la propia Irma Leyva participara en la reunión sostenida el pasado 20 de abril entre colectivos de búsqueda y autoridades estatales, encabezada por el secretario general de Gobierno, Juan José Pon Méndez, con la participación de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda; en ese encuentro, al que asistieron representantes de diversas dependencias como la Fiscalía General del Estado, Comisión Local de Búsqueda, Poder Judicial y organismos de atención a víctimas, se ratificaron acuerdos previos y se acordó mantener mesas de trabajo permanentes, aunque la protesta pública es una herramienta legítima.
Durante la protesta, Leyva expresó cuestionamientos sobre hallazgos en fosas clandestinas localizadas en el poblado de Miguel Alemán, señalando discrepancias entre restos encontrados y reportes oficiales. También manifestó preocupación por la falta de acompañamiento reciente por parte de corporaciones federales como SEDENA y Guardia Nacional en labores de búsqueda.
Por su parte, autoridades estatales han sostenido que mantienen comunicación abierta con todos los colectivos y que continuarán dando seguimiento a sus planteamientos mediante nuevas reuniones y acciones de coordinación institucional.
Aunque existen espacios formales de diálogo entre gobierno y familias buscadoras, persisten reclamos relacionados con resultados, seguridad y confianza en las investigaciones, la continuidad de las mesas de trabajo y la respuesta a estas exigencias marcarán el rumbo de una problemática que sigue siendo una prioridad social en Baja California.