Mexicali.- El señalamiento público por presunta extorsión y abuso de autoridad contra una funcionaria de Protección Civil Estatal ya trascendió el debate mediático y fue formalmente canalizado al ámbito institucional, pues la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Baja California confirmó el inicio de una investigación administrativa derivada de la denuncia presentada por el promotor de boxeo Edgar Guadalupe Mendoza.
De acuerdo con el oficio SABG/OIC-SGG/440/2025, fechado el 29 de diciembre de 2025, el escrito de denuncia ingresó el 16 de diciembre ante la Secretaría Anticorrupción y fue turnado tres días después al Órgano Interno de Control de la Secretaría General de Gobierno, junto con los anexos presentados por el denunciante.
El documento, firmado por Francisco Gael García Méndez, titular del Órgano Interno de Control, establece que el 19 de diciembre se dio inicio formal a una investigación administrativa, misma que actualmente se encuentra en trámite bajo el expediente SGG/OIC/123/2025, la autoridad señala que el asunto será atendido conforme a sus atribuciones y al marco normativo aplicable, sin emitir juicios anticipados.
La apertura del expediente ocurre tras una serie de señalamientos realizados por Mendoza, quien acusó a una funcionaria de Protección Civil de imponer multas irregulares y exigir presuntas aportaciones en especie y dinero en efectivo durante la supervisión de eventos deportivos en Mexicali.
El promotor afirmó haber interpuesto la denuncia pese al temor que, asegura, existe entre otros organizadores ante posibles represalias.
Aunque Protección Civil Estatal ha sostenido que sus actuaciones se ajustaron a la ley y que cualquier aportación fue una donación debidamente documentada, el inicio de una investigación interna confirma que las autoridades anticorrupción consideraron procedente revisar los hechos.
Con este paso, el caso entra en una etapa clave, la de la revisión administrativa formal, será el Órgano Interno de Control quien determine si las acciones denunciadas constituyen faltas administrativas o si encuadra en conductas que se consideran un delito.
