Mexicali.- Una denuncia hecha pública por un agente de la propia Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), abrió un proceso de revisión administrativa por parte de la Sindicatura Municipal sobre la aplicación del protocolo de Primer Respondiente, luego de señalamientos por presuntas inconsistencias en el manejo de un hecho de alto impacto.
El caso se originó el 7 de diciembre de 2025, alrededor de las 04:00 horas, cuando el C5 registró el incidente por la colocación de una narcomanta en un puente ubicado en el límite operativo policial entre la Zona Poniente y la Zona Central, de acuerdo con la relatoría difundida, mandos y unidades de la Zona Poniente arribaron primero al sitio, retiraron la manta y resguardaron el objeto.
Posteriormente, según la denuncia, el jefe de turno y el supervisor solicitaron la presencia de una unidad de la Zona Central y le indicaron que se hiciera cargo del procedimiento, pese a que la escena ya había sido intervenida.
El agente de la otra zona señaló que, conforme al protocolo vigente, la responsabilidad correspondía a la primera autoridad que atendió el reporte, ante la negativa, intervino el subcomandante de guardia nocturna, quien instruyó que la evidencia fuera asegurada y resguardada para su entrega posterior.
Tras el desacuerdo, trascendió extraoficialmente que el agente fue asignado a un punto de vigilancia fija, dejando labores de patrullaje, situación que fue interpretada por el denunciante como una represalia administrativa.
Fue el propio elemento quien decidió exponer públicamente el caso a través de espacios en redes sociales argumentando la necesidad de dejar constancia de lo ocurrido y evitar responsabilidades jurídicas futuras.
Sobre el tema, el síndico procurador de Mexicali, Óscar Vega Marín, confirmó que la sindicatura ya abrió una investigación administrativa, indicó que el asunto se revisa en coordinación con la DSPM para unificar criterios, despejar dudas en los mandos y elementos, y reforzar la capacitación sobre los protocolos.
Vega Marín subrayó que, de acreditarse una actuación dolosa o irregular, podrían imponerse sanciones, cuya gravedad dependerá de la falta y de si existe reincidencia, añadió que este tipo de denuncias públicas suelen ser un punto de partida para investigaciones formales, y reiteró que la sindicatura mantiene canales abiertos para recibir reportes ciudadanos y de elementos de la corporación.
