Mexicali.- Karen Corona, madre de familia y emprendedora dedicada al negocio de bazares en Mexicali, denunció públicamente haber sido víctima de un presunto cateo ilegal realizado por supuestos agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) y autoridades federales en su domicilio ubicado en el fraccionamiento Portales 1.
De acuerdo con su testimonio, los hechos ocurrieron el pasado lunes alrededor de las 10:20 de la mañana, cuando varias personas que se identificaron como agentes de investigación ingresaron a su vivienda sin presentar una orden de cateo formal ni acreditarse plenamente como autoridades.
Karen señaló que los supuestos agentes únicamente mostraron un documento que, según afirmó, carecía de sellos, logotipos oficiales y otros elementos que acreditaran su validez legal.
“Nos decía que abrieramos la puerta o que si no iban a entrar por la ventana o por la puerta, porque estábamos dudando mucho en salir.” Declaró Karen
La afectada aseguró que durante la intervención los agentes se enfocaron exclusivamente en revisar su habitación y su teléfono celular, sin inspeccionar otras áreas de la vivienda, situación que consideró irregular.
Además, denunció que tanto ella como su esposo fueron víctimas de agresiones físicas durante el operativo y que al concluir se percataron de la desaparición de 4 mil pesos en efectivo que se encontraban dentro del domicilio.
Según relató, los agentes le informaron que la vivienda contaba con al menos 20 denuncias anónimas relacionadas con presunta venta de droga. Sin embargo, Karen sostiene que nunca le fue mostrada documentación oficial que justificara la intervención.
“Somos puros niños. Yo y mi esposo trabajamos, tenemos un bazar. Era ilógico”
Durante el operativo, la mujer inició una transmisión en vivo a través de Facebook para documentar lo que ocurría. No obstante, afirmó que los agentes le arrebataron el teléfono celular y posteriormente eliminaron el video.
Ante estos hechos, Karen Corona informó que este lunes presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado por los presuntos delitos de abuso de autoridad, robo y los que resulten, solicitando que se investigue la actuación de quienes participaron en el operativo.