Mexicali.– La resolución judicial que pone fin a uno de los casos más controvertidos en el ámbito educativo reciente, dejó más preguntas que certezas, el maestro Esteban Canchola fue sentenciado por el delito de omisión de auxilio en agravio del niño Damián, quien murió tras golpearse la cabeza dentro de su escuela, bajo la pena de seis meses de prisión y tres días de multa, conmutables por firma mensual y un pago de apenas 4 mil pesos. No irá a prisión. No habrá reparación del daño.
Este jueves, en el Centro de Justicia del Río Nuevo, el juez Fernando Serrano dictó sentencia contra el docente en agravio del niño Damián, alumno de la primaria Eucario Zavala, quien perdió la vida tras golpearse la cabeza durante una actividad escolar en octubre de 2023.
Aunque para el gremio docente el resultado fue motivo de celebración, para la familia del menor representó una afrenta; José Martín, padre del niño fallecido, calificó el fallo como una “burla” y lamentó la falta de objetividad del tribunal, dijo, al término de la audiencia que comenzó a las 4 de la tarde y se prolongó hasta cerca de la medianoche.
Durante todo ese tiempo, cientos de maestros y maestras se mantuvieron en las inmediaciones del juzgado, bajo el intenso calor del verano mexicalense, con pancartas, oraciones y gritos de apoyo, respaldaron a Esteban Canchola, a quien consideran un chivo expiatorio de una tragedia que expone las fallas estructurales en los protocolos escolares de emergencia. Cuando se conoció el veredicto, estallaron los aplausos. Para ellos, la justicia se había hecho.
En contraste, al interior de la sala 6, la tensión era evidente. Amigos, familiares y colegas del maestro compartieron el espacio con los padres de Damián, quienes acudieron acompañados de su asesor jurídico, el momento más delicado de la jornada ocurrió cuando la fiscalía solicitó que José Martín rindiera nuevamente declaración para sustentar el reclamo por reparación del daño. Aunque expresó no querer revivir los hechos, el fiscal insistió. El testimonio, forzado, llevó al padre del menor a una crisis emocional que obligó a recesar la audiencia.
La defensa de Canchola, por su parte, rechazó en repetidas ocasiones la pretensión del asesor jurídico, quien presentó un estudio de impacto económico con el que pretendía justificar una reparación del daño por más de seis millones de pesos.
Argumentaron que la cifra era arbitraria y desproporcionada, y que el maestro sí activó los protocolos para auxiliar al menor, aunque los tiempos y circunstancias no hayan sido suficientes para evitar el desenlace fatal.
El juez finalmente desechó la solicitud. Argumentó que, al tratarse de un delito de omisión de auxilio, no se podía establecer con certeza una relación directa entre la conducta del maestro y el fallecimiento del niño, por tanto, jurídicamente no correspondía una indemnización.
“Con esto tienen que cambiar las cosas”, dijo Canchola a su salida del recinto judicial. “Tienen que cambiar los protocolos, porque son los que nos contraponen con los padres de familia”. Su voz, lejos de triunfalista, sonaba cansada. Como quien ha librado una batalla, pero sabe que la guerra apenas comienza.
El Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación (SETEBC), que acompañó al maestro durante todo el proceso, anunció que apelará la sentencia condenatoria, aunque la resolución le evitó la cárcel, consideran injusto que haya sido hallado culpable pues argumentan que el sistema no puede criminalizar a los docentes por hechos fortuitos, sobre todo cuando los protocolos oficiales son ambiguos, inoperantes o inadecuados.
Además, anunciaron que buscarán establecer una mesa de trabajo con la Secretaría de Educación del Estado para modificar los lineamientos de atención a emergencias escolares.
La audiencia de lectura de sentencia quedó programada para el próximo miércoles 10 de julio a las 18:00 horas. Aunque los términos ya fueron definidos, tanto la parte acusadora como la defensa esperan ese momento para formalizar sus inconformidades y, posiblemente, iniciar una nueva etapa de litigio.
Lo cierto es que la muerte de Damián sigue sin respuesta plena. El fallo judicial resolvió la situación procesal del maestro, pero no esclareció las fallas del sistema educativo ni delimitó las responsabilidades institucionales ante emergencias escolares; mientras tanto, la herida permanece abierta, para la familia del niño, por la ausencia irremediable, para el magisterio, por la sensación de vulnerabilidad.
