Mexicali.— Con un discurso cargado de consignas sociales y arengas políticas, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda presentó su Cuarto Informe de Gobierno ante una audiencia seleccionada entre funcionarios de gobierno e invitados especiales que aplaudieron cada cifra triunfalista, cada referencia a la “transformación” y cada mención al legado del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, entre las luces del evento y los mensajes de logros “históricos”, varios temas quedaron fuera del guion; desde las desapariciones forzadas, las alertas de viaje emitidas por Estados Unidos, la crisis de feminicidios, los rezagos en procuración de justicia y el aumento en la percepción de inseguridad en municipios como Tijuana y Mexicali.
La mandataria abrió el informe con su mensaje central, la supuesta erradicación de la pobreza extrema en el estado, un logro que presentó como “inédito” y cimentado en la salida de 500 mil personas de esta condición, aseguró que Baja California es la primera entidad del país en alcanzar dicha meta.
Sin embargo, la afirmación se limitó a un discurso emocional, sin detalles sobre la metodología de medición, sin citar a Coneval o a alguna instancia que respalde la magnitud del avance; las causas estructurales de la pobreza, como el trabajo informal, la precarización laboral y el acceso desigual a salud o transporte, quedaron fuera de agenda.
El discurso social se centró también en programas del Bienestar como Tarjeta Violeta, que ofrece apoyo económico a más de 100 mil mujeres jefas de familia, y en la cobertura universal de desayunos escolares Pancita Llena Corazón Contento, en primarias públicas.
En infraestructura, Ávila destacó una inversión por más de 23 mil millones de pesos en obra pública en cuatro años, “más que cualquier otro gobierno anterior”, según dijo.
Enumeró obras como nodos viales, la planta desaladora de Rosarito que brindará agua los próximos 30 años, la ampliación de redes de agua potable y más de 400 mil metros cuadrados de pavimentación; el Parque Lineal Tijuana y El Centinela fueron mencionados como emblemas de “reconstrucción urbana” con visión social en el cual agradeció a su aún esposo Carlos Torres y quien desapareció de la vida pública luego que el Gobierno de Estado Unidos les retirara la visa a ambos.
Pero mientras los proyectos decoran la narrativa oficial, el contraste en la calle es evidente, Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), Tijuana y Mexicali siguen entre las ciudades con mayor percepción de inseguridad del país, donde la capital 8 de cada 10 ciudadanos se sienten inseguro.
Los homicidios dolosos, aunque han mostrado una ligera desaceleración, siguen posicionando a Baja California entre los estados más violentos, y mientras la mandataria proclamaba que la fuerza policial está “más fuerte que nunca”, ni una sola palabra fue dirigida a los señalamientos de policías involucrados con la delincuencia organizada o los reclamos por abuso policial o a la falta de esclarecimiento de crímenes contra periodistas y activistas en el estado.
Un silencio similar rodeó el tema de las desapariciones, pues en los últimos cuatro años, representantes de colectivos como “Una Nación Buscando” o “Célula de Búsqueda en Desaparición Forzada” han denunciado falta de respuestas eficientes del Estado y omisiones en investigaciones, no obstante, el informe no mencionó a las víctimas ni a las familias que se hab manifestado tanto en el centro de gobierno como en fiscalías con pancartas de exigencia y dolor.
En materia de justicia, Marina del Pilar presumió una inversión del 51% adicional en el sistema judicial y la creación de juzgados especializados, centros de justicia para las mujeres y salas del Poder Judicial en varios municipios.
No obstante, el poder judicial sigue marcado por rezagos, saturación de expedientes, falta de traductores para comunidades indígenas y audiencias postergadas que afectan a víctimas y a personas privadas de la libertad, donde incluso las mismas victimas han señalado que la mejora estructural no es visible para quienes dependen de defensores públicos, que siguen enfrentando carencias.
Otro de los anuncios destacados fue la creación de la Beca Corazones Cimarrón, diseñada para cubrir hasta el 100% del costo de inscripción y reinscripción de estudiantes vulnerables de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).
Aunque presentada como un gesto de justicia educativa, la propuesta aún debe pasar por el Congreso y generar condiciones presupuestales permanentes; tampoco se detalló de dónde saldrán los recursos para cubrir esta beca ni cómo garantizarán su transparencia y sostenibilidad en futuras administraciones.
En materia de transparencia, el informe se limitó a mencionar la “honestidad” como valor rector del gobierno y a celebrar la supuesta restitución de 172 millones de pesos recuperados de corrupción pasada.
Mientras el evento transcurría en un formato cuidado, luces, guion controlado, telepromter, discursos de acompañamiento institucional; afuera, el dispositivo de seguridad en calles aledañas se encargó de cerrar el paso y circulación a personas ajenas al informe, a fin de desarticular cualquier manifestación ciudadana.
El discurso cerró con mensajes de fuerza, lealtad al proyecto político que representa y una insistencia, la transformación “ya no la detiene nadie”; al terminar, los aplausos llenaron el recinto, pero afuera, más allá del blindaje y el mensaje, los contrastes siguen marcando lo que el informe omitió, la impunidad, el miedo a caminar de noche, la búsqueda interminable de desaparecidos y una lista de pendientes que no caben en un salón oficial.
