Mexicali.– El 10 de marzo de 2024, el automóvil de la familia Espinoza fue robado en el estacionamiento de Soriana, en la zona de Costco, la denuncia se presentó ese mismo día, desde entonces, la familia inició un seguimiento constante ante las autoridades, con visitas periódicas y consultas en línea para verificar si la unidad había sido recuperada; el error de las mismas autoridades tanto policiales como de investigación, omitieron informar su hallazgo y generar una deuda de miles de pesos.
Los registros que hoy exhiben indican que el vehículo fue localizado el 14 de enero de 2025, sin embargo, esa recuperación no se tradujo en una notificación a las propietarias, pues durante todo 2025 el estatus continuó apareciendo como “robado” en los sistemas consultados por la familia.
“Estuvimos nosotras asistiendo hasta Pedregal, al departamento de robos y nos decían que no había respuestas, nos asignaron un agente, ese agente se fue de la ciudad, no nos asignaron otro agente y checábamos en el portal para ver si ya lo habían recuperado y aún no salía recuperado. En la actualidad 2026 el 13 de enero nos dijeron que llevaba un año encontrado pero lo dieron de alta hasta el 18 de febrero de este mismo mes”, compartió Lucero Lizárraga.
No hubo llamada, oficio ni aviso formal que informara que el automóvil ya se encontraba bajo resguardo oficial.
La explicación que recibieron un año después apunta a un error en la verificación del número de serie al momento del aseguramiento, la captura incorrecta habría impedido que la unidad quedara vinculada de inmediato a la carpeta de investigación correspondiente.
En términos prácticos, el automóvil estaba físicamente recuperado, pero administrativamente “inexistente” para efectos de notificación.
Fue hasta el 13 de enero de 2026 cuando se les informó verbalmente que el vehículo había sido localizado, el 18 de enero se actualizó formalmente el estatus como recuperado; para entonces, la unidad llevaba más de doce meses en un depósito privado, acumulando una tarifa diaria de 100 pesos, al 27 de febrero de 2026, el adeudo asciende a 35 mil 487 pesos y continúa incrementándose.
El depósito no es público, lo que elevó considerablemente el monto, la familia sostiene que, de haber sido notificada en 2025, el costo habría sido mínimo o inexistente; en cambio, el retraso administrativo convirtió el resguardo en una deuda impagable para una familia que, aseguran, no cuenta con recursos excedentes.
“Realmente estoy muy inconforme porque la presidenta dijo cómo un afectado al momento de robarse su carro va a pagar todavía el derecho del piso, de su propio carro en el cual ella no quiso que se lo robaran, es una persona que realmente pues exige su derecho de tener de vuelta su vehículo como lo establece la ley, es algo que le pertenece a ella y eso lo dijo la presidenta, no tiene por qué el derechohabiente ser afectado y todavía pagar el piso de un depósito”, explicó Celina Espinoza.
Durante semanas posteriores al aviso, la familia recorrió distintas oficinas para determinar qué área debía autorizar la entrega, entre trámites cruzados y definiciones de competencia, el adeudo siguió creciendo. La sensación que describen es de indefensión, el bien fue recuperado por el Estado, pero el tiempo transcurrido por un error humano terminó trasladando la carga económica a la víctima.
Al cierre de febrero de 2026, el automóvil permanece en el depósito privado. Cada día que pasa incrementa la cifra, la familia exige la liberación sin el pago acumulado, argumentando que el retraso fue consecuencia directa de una captura errónea en el número de serie y de la falta de aviso oportuno. El vehículo fue encontrado hace más de un año; la notificación llegó tarde y el costo, sostienen, no debería recaer en quien denunció desde el primer día.
