Mexicali.– La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) emitió un exhorto dirigido a los Ayuntamientos de Ensenada, Mexicali, Playas de Rosarito, Tijuana, Tecate, San Felipe y San Quintín, así como a la Fiscalía General del Estado (FGE), para que contemplen en sus presupuestos de 2026 una partida específica destinada a la compensación económica de víctimas de violaciones a derechos humanos.
El organismo también hizo un llamado al Gobierno del Estado para que considere una ampliación presupuestal a la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAV), con el propósito de fortalecer su capacidad para garantizar la reparación integral a personas afectadas.
El ombudsperson de Baja California, Jorge Álvaro Ochoa Orduño, explicó que la propuesta busca dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Víctimas para el Estado, que en su artículo 27 mandata que la compensación debe ser “apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible o de la violación de derechos humanos sufrida”.
Ochoa Orduño subrayó que la reparación del daño no solo constituye una obligación legal, sino también un compromiso ético de las autoridades con quienes han visto vulnerada su dignidad. Recordó además que el artículo 1 de la Constitución obliga a todas las instituciones a garantizar, proteger y reparar las violaciones a derechos humanos.
El presidente de la CEDHBC enfatizó la necesidad de que cada municipio cuente con un fondo preventivo para atender futuras Recomendaciones, incluso si actualmente no tienen casos vigentes. “La lucha histórica de los organismos de derechos humanos es lograr que los gobiernos reconozcan las violaciones y actúen para que las víctimas recuperen sus proyectos de vida”, concluyó.
