Mexicali.- A cuatro meses de las detenciones realizadas durante una fiesta en la colonia Carranza, familiares de 21 personas exigieron a las autoridades judiciales garantizar audiencias completas y con la presencia de la Fiscalía General del Estado (FGE), al denunciar que sus procesos han sido aplazados en al menos cinco ocasiones.
El operativo ocurrió el 10 de abril, cuando agentes intervinieron en una celebración en la que se encontraba “El Mike de la Carranza”, señalado por las autoridades como uno de los principales operadores criminales ligado a “Los Rusos” el despliegue derivó en la detención de numerosas personas que se encontraban en el lugar, entre ellas mujeres, músicos, trabajadores y adultos mayores.
De acuerdo con los familiares, varias de las personas detenidas continúan privadas de la libertad mientras esperan que se desarrollen las audiencias correspondientes, señalaron que algunas diligencias han sido suspendidas debido a la ausencia de representantes de la Fiscalía, situación que, aseguran, ha prolongado la incertidumbre de las familias.
“Queremos audiencias completas, no llegar y que no esté Fiscalía presente”, reclamó Claudia Ramírez, quien acudió junto con Claudia Maldonado para solicitar el respaldo de los medios de comunicación.
Las manifestantes señalaron que no buscan confrontarse con las autoridades, sino que se garantice el desarrollo de los procedimientos judiciales y se determine la situación jurídica de sus familiares.
Entre los casos que, afirmaron, requieren especial atención se encuentra el de un hombre de 64 años, quien padece hipertensión, diabetes y una lesión ocular. Su familiar sostuvo que, aunque recibe sus medicamentos dentro del centro penitenciario, su condición se complica al permanecer privado de la libertad.
Las familias también recordaron que durante el operativo fueron detenidos músicos que se encontraban trabajando en la celebración y hasta un plomero que habría acudido al sitio sólo para reparar una tubería.
Tras aproximadamente cuatro meses de espera, los familiares insistieron en una misma petición: que Fiscalía y las autoridades judiciales se coordinen para realizar las audiencias pendientes y definir la situación de cada detenido.