Mexicali.- Después de más de 30 horas de audiencia penal, entre retrasos, recesos, discusiones procesales y un fallido intento de la Fiscalía General del Estado (FGE) por desarrollar la audiencia a puerta cerrada, finalmente durante la madrugada del jueves comenzó la formulación de imputación contra el exdirector de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil García; el excomandante Luis Alfonso Jacobo Alviso; y tres expolicías municipales acusados de desaparición forzada, robo de vehículo y asociación delictuosa.
La Fiscalía General del Estado (FGE) reconoció que desde enero de 2023 existían indicios de que policías municipales de Mexicali presuntamente participaban en desapariciones forzadas en coordinación con un grupo delictivo; sin embargo, fue hasta ahora, más de tres años después de los hechos, cuando presentó ante un juez la imputación contra el exdirector de Seguridad Pública Municipal.
La audiencia estuvo precedida por el juez Fernando Serrano en una jornada de constantes diferimientos, desde el mediodía del miércoles, y durante varias horas, las defensas denunciaron que la Fiscalía incumplió con la entrega completa de la carpeta de investigación y de los archivos audiovisuales ordenados por el juez, asegurando que recibieron tomos incompletos y sin la totalidad de la evidencia digital.
El Ministerio Público atribuyó el retraso a problemas técnicos para las copias de la carpeta de investigación, además de dificultades para copiar nueve indicios contenidos en discos Blu-ray, situación que aplazó el inicio de la formulación de imputación hasta la madrugada del jueves.
A ello se sumó un nuevo intento de la Fiscalía para que la audiencia se desarrollara de manera privada, bajo el argumento de proteger información sensible relacionada con víctimas de desaparición forzada y personas aún no localizadas.
La petición fue rechazada después de que el propio imputado Mendívil García y sus defensas señalaran que fue la misma Fiscalía quien había difundido previamente detalles de la investigación en conferencias de prensa y solicitaron privilegiar el principio de publicidad del proceso, reservando únicamente los datos personales de las víctimas y de los acusados.
Una vez iniciada la imputación, la Fiscalía reconstruyó los hechos ocurridos la madrugada del 3 de enero de 2023, cuando dos jóvenes J.R.V.D y C.A.G.M que salían del bar Shot
Ambos, de acuerdo a los testimonios, se encontraban en estado de ebriedad y sostuvieron un altercado con terceros a quienes les aseguraron que pertenecían al grupo de “Los Chapitos”; tras retirarse del bar durante la madrugada, a bordo de un pick up GMC Sierra 2018, fueron interceptados por policías municipales cerca de una Farmacia Guadalajara sobre el bulevar Benito Juárez.
Posteriormente, habrían sido entregadas a Kevin “N”, agente de la policía municipal y a su hermano Jesús Armando, alias “El 89” o “El 4-4”, y a otros integrantes de la célula criminal Los Rusos, quienes presuntamente las trasladaron al Valle de Mexicali, donde desde entonces permanecen desaparecidas.
Para sostener esa hipótesis, el Ministerio Público presentó entrevistas con familiares, empleados del bar, guardias de seguridad y testigos presenciales, además de geolocalizaciones, videograbaciones, inspecciones y recorridos ministeriales que, según afirmó, permiten reconstruir el desplazamiento de las patrullas y de la camioneta de las víctimas.
El padre de uno de los víctimas, el día 3 de marzo, logró identificar la ubicación del vehículo GMC en el corralón del ejido Aguascalientes, por lo que fue a la comandancia Zona Valle, sin embargo, cuando fue a recogerla le señalaron policías que no tenía la documentación completo, al día siguiente, al intentar recuperarla, le informaron que el vehículo había sido robado de las instalaciones por hombres armados quienes afirmaron que la unidad pertenecía a “El Isra” líder operativo de “Los Rusos”.
No obstante, uno de los aspectos más relevantes de la audiencia fue que la propia Fiscalía dejó en evidencia que los actos de investigación se remontan a 2023; durante la exposición reconoció que, aunque la carpeta permanecía abierta desde entonces, gran parte de las documentales, periciales, entrevistas y constancias de investigación fueron incorporadas apenas durante las últimas cuatro semanas, poco antes de solicitar las órdenes de aprehensión.
Entre esos antecedentes figura la declaración de la entonces comandante de Tránsito, María Trinidad, quien aseguró haber informado al entonces subdirector de la corporación que no quería tener bajo su mando a Kevin, Eduardo y Juan Carlos porque dentro de la Policía Municipal existían señalamientos de que estaban involucrados en actividades ilícitas.
Ese testimonio fue utilizado por la Fiscalía para sostener que los mandos conocían antecedentes sobre la conducta de esos agentes, sin embargo, durante la audiencia no explicó qué acciones concretas emprendió cuando recibió esa información ni por qué el caso permaneció sin judicializar durante más de tres años.
La acusación contra Pedro Ariel Mendívil y Luis Alfonso Jacobo tampoco se centra, hasta este momento, en una participación material directa en la desaparición de las víctimas.
La propia teoría del Ministerio Público descansa principalmente en la responsabilidad derivada de la superioridad jerárquica prevista en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada. Es decir, sostiene que ambos, como director y comandante de la Policía Municipal, tenían la obligación de impedir que sus subordinados incurrieran en conductas ilícitas y garantizar que actuaran conforme a los principios de la función policial.
Durante la audiencia no fueron expuestos datos que ubican directamente a Mendívil o Jacobo ordenando la privación de la libertad o participando físicamente en los hechos, la imputación sostiene que aparentemente existió consentimiento y apoyo hacia los agentes, permitiendo que operaran bajo el amparo de la estructura institucional.
Otro de los antecedentes relevantes fue la declaración de Julio Ezequiel “N”, agente activo de la Policía Municipal detenido el pasado 1 de julio por la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana por su presunta participación en el homicidio de dos agentes estatales.
Según la Fiscalía, el policía declaró “por convenir a sus intereses” que durante una reunión con integrantes de Los Rusos escuchó a Jesús Armando “El 89” presumir que entregaba dinero a mandos policiales para permitir que la organización operara con impunidad.
La declaración generó otro punto de atención, pues la propia Fiscalía reconoció que, conforme a ese mismo testimonio, agentes ministeriales también asistían a esas reuniones y presuntamente estaban involucrados con la célula de policías señalada por participar en privaciones ilegales de la libertad. No obstante, durante la audiencia no se informó si existen investigaciones abiertas contra esos elementos.
Además de los testimonios, el Ministerio Público incorporó videos, geolocalizaciones, análisis de patrullajes y el hallazgo de la camioneta de las víctimas en el Valle de Mexicali, donde presuntamente era acondicionada con blindaje artesanal antes de desaparecer nuevamente del depósito vehicular.
Con esos elementos, la Fiscalía sostiene que existe un “rompecabezas probatorio” suficiente para acreditar la probable responsabilidad de los imputados, sin embargo, la audiencia también dejó abiertas interrogantes sobre el tiempo que tomó judicializar una investigación en la que la propia institución afirma que desde 2023 existían indicios de la presunta participación de policías municipales en desapariciones, así como sobre el alcance de la responsabilidad atribuida a los mandos, sustentada principalmente en su posición jerárquica y no en evidencia directa de intervención material en los hechos.