Mexicali.- La fuga de un detenido de la Comandancia Central no solo evidenció una falla operativa, sino que volvió a colocar en el centro del debate el estado real de las instituciones policiales en Mexicali; mientras la Sindicatura y la Fiscalía General del Estado mantienen abiertas investigaciones contra la Dirección de Seguridad Pública Municipal, desde el Cabildo surgieron señalamientos que apuntan a un problema más profundo y estructural, el abandono en las instalaciones de seguridad pública.
El regidor Manuel Rudecindo, integrante de la Comisión de Seguridad, calificó el hecho como una muestra reiterada de negligencia institucional, atribuible a la falta de protocolos claros, carencia de recursos, deficiente capacitación y condiciones inadecuadas en las instalaciones policiales a cargo del Director Luis Felipe Chan.
Subrayó que la fuga no solo puso en riesgo a la ciudadanía, sino también a los propios agentes, quienes pudieron haber sido agredidos durante la evasión del detenido.
Rudecindo señaló que la Comandancia Anáhuac, principal punto de concentración de personas detenidas, quedó exhibida como una instalación vulnerable, sin la infraestructura ni los insumos necesarios para garantizar un resguardo seguro.
A su juicio, centrar la responsabilidad únicamente en agentes de menor rango sería insuficiente, pues las fallas también derivan de instalaciones deterioradas y falta de inversión sostenida.
El regidor recordó que estos hechos no son aislados, en esas mismas instalaciones ya se documentaron carencias graves, como ausencia de aire acondicionado en comandancias, falta de equipos de cómputo para registros oficiales y problemas de conectividad en zonas como el Valle de Mexicali, donde detenidos deben ser trasladados largas distancias para su procesamiento.
El caso, afirmó, exhibe una omisión prolongada del gobierno municipal para atender la infraestructura policial, más allá de sanciones individuales, advirtió, la fuga obliga a una revisión integral de las condiciones en las que opera la policía y de la responsabilidad institucional de garantizar seguridad, legalidad y condiciones dignas tanto para agentes como para ciudadanos.
