Mexicali.- Entre enero y junio de 2025, Mexicali registró 52 homicidios culposos y 50 lesiones culposas por accidentes viales, la mitad vinculados al consumo de alcohol, en este escenario el Consejo Consultivo de Alcoholes propone, desde 2019, un plan anual de vigilancia para regular precios y frenar promociones agresivas en bares, pero las omisiones del Ayuntamiento mantienen un vacío legal que favorece prácticas de riesgo y perpetúa muertes prevenibles en la ciudad.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en siete meses se registraron 52 homicidios culposos y 50 lesiones culposas derivados de accidentes de tránsito.
Detrás de estas cifras, que reflejan un problema persistente de violencia vial, se esconde un factor determinante, el consumo inmoderado de alcohol.
Datos de la Comisión Estatal de Protección contra Accidentes (COEPRA) revelan que cerca del 50% de los percances viales en la ciudad están relacionados con conductores en estado de ebriedad, muchos de ellos jóvenes y, en algunos casos, bajo el influjo de otras sustancias.
Frente a este panorama, el Consejo Consultivo de Alcoholes, encabezado por Venustiano Anzaldo, ha insistido desde 2019 en la aplicación de un plan anual de vigilancia que regule el precio de las bebidas alcohólicas en bares y establecimientos de consumo abierto.
El objetivo es claro: frenar las promociones agresivas que incentivan el consumo inmoderado, como la venta de cerveza a precios por debajo del costo del proveedor, práctica que multiplica el riesgo de que los clientes salgan del establecimiento en condiciones no aptas para conducir.
Esta regulación, pionera en el país, fue aprobada por unanimidad en el Congreso estatal y publicada en el Periódico Oficial el 22 de febrero de 2019. Sin embargo, se mantiene en el limbo por la falta de reglamentación municipal.
En teoría, la norma debería estar acompañada de operativos de supervisión, sanciones y coordinación interinstitucional; pero en la práctica, nada de eso sucede.
Anzaldo advierte que esta omisión deja un vacío legal que es aprovechado por cadenas foráneas y comercios locales para mantener estrategias de venta que priorizan la rentabilidad sobre la seguridad pública.
El resultado, un flujo constante de accidentes, víctimas y familias rotas, mientras la autoridad municipal mira hacia otro lado.
El caso es más grave porque no se trata de una propuesta nueva ni experimental, es una ley vigente que el Ayuntamiento de Mexicali simplemente no ha querido aplicar.
Ni la Comisión de Salud ni otras instancias del Cabildo han dado trámite a su reglamentación y la inacción, subraya el Consejo, podría incluso constituir un desacato.
En una ciudad donde la mitad de los accidentes de tránsito están ligados al alcohol, la omisión deja de ser un descuido para convertirse en un acto de irresponsabilidad política.
Mientras las muertes siguen acumulándose en el pavimento, el Ayuntamiento de Mexicali parece no tener prisa por atender una norma que, de aplicarse, podría salvar vidas, lo cual no debería depender de la voluntad, indiferencia o intereses de los integrantes del Cabildo.
