Mexicali.– La búsqueda de justicia por la muerte de Steven Arámbula Flores, joven de 20 años fallecido tras una persecución policial el pasado 31 de julio en el ejido Cucapah Indígena, continúa en medio de una serie de irregularidades que hoy dificultan el avance de la investigación penal y exponen serias fallas en el actuar de los agentes municipales.
La Fiscalía Regional de Mexicali reconoce que el proceso para esclarecer si hubo abuso de autoridad o negligencia enfrenta “obstáculos generados desde el primer momento”, derivados de que la Policía Municipal decidió omitir el reporte de accidente de tránsito, y turnó el caso directamente a la Fiscalía Federal bajo el argumento de una supuesta “posesión de droga y arma de fuego”.
“Como a la persona la turnaron como detenido a la federal, la municipal no realizó un reporte de accidente de tránsito”, explicó el fiscal regional, Fernando Lorenzo Diego Muñoz.
La ausencia de ese documento ha obligado a la Fiscalía a partir únicamente de los indicios encontrados en el lugar del accidente, lo que limita la reconstrucción técnica del choque que derivó en la muerte del joven.
“El tema de que no se haya trabajado como un accidente de tránsito dificulta el trabajo del perito. Solo tenemos como referencia el IPH que fue turnado a la Fiscalía Federal”, declaró Muñoz, señalando además que ya se realizaron cateos para obtener videos y evidencia que permitan estructurar con precisión los hechos.
El problema se agrava porque el Informe Policial Homologado (IPH) fue firmado por los mismos agentes involucrados, quienes ya fueron llamados a declarar en calidad de imputados, pero ejercieron su derecho a guardar silencio, dejando a la Fiscalía con una versión unilateral y cuestionada por la familia del joven.
En el ámbito administrativo, el caso también avanza: la Sindicatura Municipal turnó el expediente a la Comisión de Honor y Justicia, que ya suspendió a dos de los agentes directamente involucrados en la persecución y mantiene bajo investigación a otros ocho, por inconsistencias detectadas en el IPH, manipulación de la escena y omisiones al debido proceso.
Mientras tanto, la familia de Steven, residente del Valle de Mexicali, mantiene su exigencia de justicia, denunciando que su hijo fue criminalizado por autoridades que hoy se contradicen bajo investigación. Sin embargo, el caso avanza entre peritajes tardíos, reportes omitidos y silencios institucionales que alimentan la desconfianza comunitaria hacia la corporación municipal.
