Mexicali.– En el edificio de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali (DSPM), recientemente se construyó un elevador con una inversión de cerca de 800 mil pesos, es el único en ese inmueble y, lejos de ser un avance para la accesibilidad pública, su uso ha sido restringido exclusivamente al director de la corporación, Julián Leyzaola Pérez; al mismo tiempo, en el Palacio Municipal, el único elevador permanece fuera de servicio desde octubre de 2024, dejando a cientos de ciudadanos sin condiciones mínimas de movilidad dentro de la administración local.
El pasado febrero, siete regidores de oposición presentaron un punto de acuerdo en sesión de Cabildo para exigir la reparación inmediata del elevador en el Ayuntamiento, por tratarse de una herramienta indispensable para personas con discapacidad, adultos mayores y usuarios con movilidad limitada que acuden diariamente a las oficinas de Presidencia, Regidores, Sindicatura y Atención Ciudadana. La administración municipal no respondió al exhorto, ni ha destinado recursos para una solución provisional.
En contraste, el pasado 8 de mayo de 2025 se firmó el contrato No. 01-AYTOMXL-OM-AD-14-25, entre el Ayuntamiento de Mexicali y el proveedor José Manuel Hernández Morales, por un monto de $796,500 pesos, el contrato establece el suministro e instalación de un elevador hidráulico de dos estaciones, con características específicas para facilitar el acceso a personas con discapacidad, en el edificio de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, la infraestructura, de reciente construcción, cumple con todos los estándares técnicos de seguridad, capacidad y eficiencia energética. Sin embargo, no está disponible para el público.
De acuerdo con personal de la corporación, el elevador fue construido por instrucciones directas de Leyzaola, quien desde su arribo en marzo ocupa la dirección de la Policía Municipal. A causa de una lesión en la columna vertebral sufrida en 2015, el exmilitar utiliza una silla de ruedas para trasladarse.
En sus primeras semanas en el cargo, su equipo de seguridad lo cargaba para acceder al segundo piso, para eliminar esa dependencia e incluso descartar el adaptar una oficina en el primer piso, se ordenó la construcción del elevador, cuya operación ha sido restringida por mandato del propio director.
Policías tienen la instrucción de impedir su uso a cualquier persona que no sea Leyzaola, pues solamente se permitirá en casos excepcionales como personas con discapacidad podrían ser autorizadas a utilizarlo, aunque el mismo está instalado en la parte posterior de la comandancia central, en la explanada en la que se entrada es limitado el acceso de usuarios.
El Palacio Municipal permanece inaccesible para personas en sillas de ruedas o con bastón, no existe asistencia de personal ni módulos de atención alternativos en planta baja. El elevador dañado ni siquiera cuenta con una fecha estimada de reparación, y la alcaldesa Norma Bustamante ha reconocido públicamente la falta de avance en el tema.
En este contexto, la inversión de casi 800 mil pesos en un elevador bajo el argumento de accesibilidad para personas con discapacidad resulta incongruente, pues el de la DSPM no es de uso público, lo que contradice el objetivo expuesto en el contrato celebrado por la Oficialía Mayor del Ayuntamiento.
Mientras el gobierno municipal presume estar comprometido con políticas de inclusión, los hechos muestran decisiones orientadas a resolver casos individuales de alta jerarquía, mientras se desatienden las condiciones estructurales que impiden el acceso de la ciudadanía a los servicios públicos.
En menos de cuatro meses en el cargo, Julián Leyzaola ha protagonizado diversas controversias, desde amenazas documentadas mediante narcomantas, hasta su intento de residir en instalaciones militares, su negativa a mantener diálogo con medios de comunicación, canalizar a la fuerza operativa policial a una zona con mínima incidencia delictiva, así como su decisión de construir un elevador de uso personal, apuntan hacia una figura pública cada vez más aislada.
