Mexicali.— Entre cartulinas de colores, abrazos largos y rostros marcados por la preocupación, familiares, amigos y personas cercanas a Jesús Enrique Gutiérrez Díaz se manifestaron de manera pacífica en las inmediaciones del Centro de Justicia, previo a la audiencia de lectura de sentencia en su contra.
Mientras los asistentes alzaban mensajes como “Que paguen los verdaderos culpables” y “Exigimos una investigación justa”, el excoordinador administrativo-financiero de Bienestar Social Municipal (BISOM) sostuvo una postura firme, pero visiblemente golpeada por el proceso.
“Hemos seguido luchando, sacando fuerzas para poder demostrar nuestra inocencia, demostrar mi inocencia, porque la verdad, pues como lo he comentado, como lo he dicho a los medios, Yo jamás dispuse de un peso, ni dispuse de ningún recurso, ni nunca estuve confabulado con personas quienes realizaron esa transacción”, explicó Jesús.
Durante la audiencia, la jueza Norma Selene recordó que el acusado fue encontrado culpable del delito de peculado, al considerar que la supervisión del recurso económico era parte de sus obligaciones y que los fondos fueron sustraídos cuando se encontraban bajo su responsabilidad.
La escena afuera del complejo judicial contrastó con la frialdad del edificio de concreto y ventanales que domina la zona, sobre la escalera principal, los manifestantes formaron una línea con pancartas y mantas, algunas con fotografías impresas y otras con mensajes escritos a mano.
El ambiente fue de tensión contenida, no hubo confrontación, pero sí reclamos directos y un ánimo colectivo de exigir que el caso sea revisado a profundidad. Entre los asistentes se escucharon gritos de “justicia”, mientras otros permanecían en silencio, atentos a cualquier movimiento en el acceso principal.
“lo que sí que puedo decirle es que hay muchas irregularidades, y que está muy turbio todo este proceso. No sé, creo que es muy claro, estaba muy para poder demostrar quién dispuso ese recurso, pero la verdad no tengo la certeza de poder quien realizó”, enfatizó.
La protesta, insistieron, tenía un objetivo, acompañar a Jesús Enrique en el momento más crítico del proceso y pedir que se sancione a quienes, según ellos, realmente participaron en la desaparición del dinero.
En medio de ese entorno, Jesús Enrique habló con un tono que osciló entre el cansancio y la determinación. “y que se investigue, vamos a seguir haciendo luchando para vamos a irnos apelación, pero la verdad, así como lo señaló la diputada Alejandra Ang, esa transacción, ella manifestó en su audiencia, en su citatorio, que fue realizada de Estados Unidos, que no se realizó de las máquinas de desarrollo social municipal.”, dijo al recordar que el señalamiento en su contra se remonta a una transacción que, asegura, no realizó.
Con una frase que repitió en distintas partes de la entrevista, el exfuncionario fue contundente, “Vamos a seguir luchando, mexicalenses, ciudadanía, porque soy inocente, lo reitero, lo digo y lo vuelvo a decir, soy una persona inocente, jamás cometí ningún delito”.
Aseguró que no participó ni se confabuló con persona alguna para ejecutar la operación financiera investigada y consideró que el caso está rodeado de irregularidades.
“Nunca se comprobó quién dispuso de ese recurso”, insistió, al cuestionar que no se haya acreditado, a su juicio, el ordenante y el beneficiario final del dinero. En un momento de mayor carga emocional, reconoció que actualmente no tiene confianza en el sistema de justicia: “Ahorita no confío… no confío en nadie”.
El caso que lo llevó al banquillo se centra en una transferencia de 3 millones de pesos atribuida a un presunto desvío de recursos públicos, de acuerdo con la información expuesta en audiencia, el hecho investigado ocurrió el 15 de noviembre de 2019, cuando Jesús Enrique se desempeñaba como coordinador de recursos financieros de Desarrollo Social Municipal, dependencia que posteriormente se convirtió en Bienestar Social Municipal (BISOM).
La acusación sostiene que, aprovechando su posición y responsabilidades dentro del organismo, se habría utilizado un software no autorizado para transferir el dinero desde una cuenta institucional de BBVA Bancomer hacia una cuenta de Banco Azteca, distrayendo recursos que estaban destinados a pagos de nómina y proveedores.
En la audiencia se detalló que el juicio se abrió formalmente el 27 de noviembre de 2025, con la presencia de todas las partes, fiscales del Ministerio Público, defensores particulares, asesor jurídico, así como el propio acusado, en los alegatos iniciales, el Ministerio Público anticipó que buscaría demostrar la culpabilidad de Jesús Enrique y solicitó una pena de 12 años de prisión, además de multa y reparación del daño.
La defensa, por su parte, sostuvo que la acusación se basaba en suposiciones y que no se acreditaría con certeza jurídica la responsabilidad penal, por lo que pidió la absolución, durante esa etapa, el acusado optó por guardar silencio.
Durante el desahogo de pruebas, la fiscalía presentó testimonios y evidencia documental considerada clave para sustentar la acusación, entre los testigos mencionados en la audiencia se encuentran Alejandra María Ang Hernández, quien era titular de BISOM en el momento en que ocurrieron los hechos, actualmente es diputada estatal por el partido Morena e investigada por el gobierno de los Estados Unidos tras intentar ingresar más de 800 mil pesos en efectivo por la garita internacional.
La parte acusadora incorporó documentos bancarios, reportes de la transferencia, listados de movimientos asociados a un usuario, así como nombramientos y documentos que acreditan el cargo de Jesús Enrique dentro de la dependencia.
También se integraron actas de aseguramiento de equipos de cómputo, oficios de autoridades financieras y evidencia forense relacionada con el análisis de dispositivos y equipos asegurados en oficinas municipales.
De acuerdo con lo expuesto, el tribunal valoró el conjunto probatorio mediante criterios de “sana crítica”, lógica y máximas de experiencia, y determinó que la evidencia era suficiente para acreditar el delito de peculado conforme a los artículos 298 y 299 del Código Penal estatal, así como la responsabilidad del acusado como autor del ilícito.
El tribunal estableció que el acusado presentaba un grado de culpabilidad mínimo, pero aun así impuso una pena de 8 años de prisión, además, se fijó una multa de 300 UMAs, calculada con el valor diario vigente en 2019, lo que arrojó un monto de 25 mil 347 pesos.
En cuanto a la reparación del daño, se ordenó el pago de 2 millones 916 mil 666 pesos a favor de Bienestar Social Municipal, cantidad que, sumada a 83 mil 333.63 pesos previamente recuperados según lo señalado por el Ministerio Público, busca completar el monto total de los 3 millones de pesos.
Aunque en la lectura formal de sentencia se expuso el sustento jurídico y probatorio de la condena, la postura del sentenciado y su círculo cercano se mantuvo en sentido contrario. Jesús Enrique insistió en que el proceso tiene inconsistencias y recordó un elemento que, en su versión, debió tener mayor peso en el análisis, que la transferencia se realizó desde los Estados Unidos.
Para sus simpatizantes, esa afirmación, sumada a la exigencia de “que paguen los verdaderos culpables”, sostiene la narrativa de que el caso no está cerrado y que todavía hay preguntas sin responder.
En la manifestación, la exigencia principal fue que se investigue con mayor profundidad el destino del dinero y la participación de otras posibles personas involucradas, el respaldo también se expresó en lo personal, desde abrazos, palabras de aliento y acompañamiento familiar en un momento en el que el proceso judicial ya alcanzó una fase determinante.
Por su parte, la defensa anunció que apelará la resolución, al considerar que existen elementos para buscar que el fallo sea revertido, Jesús Enrique se mostró confiado en que el caso puede tener un giro en instancias superiores, aunque admitió que el desgaste ha sido profundo. “Vamos a seguir luchando… soy inocente”, repitió, agradeciendo el apoyo de quienes acudieron a respaldarlo.
