Mexicali.- A casi cuatro años del fallecimiento de Michelle Benítez, joven estudiante de medicina que perdió la vida durante una cirugía laparoscópica en un hospital privado de Mexicali, un juez civil resolvió que tanto el médico tratante José Andrés Acosta como la institución médica tienen responsabilidad directa por los hechos ocurridos el 23 de julio de 2021.
El procedimiento, inicialmente programado para extirpar un quiste en el ovario derecho, fue descrito como de bajo riesgo por el ginecólogo Acosta Santana. Sin embargo, durante la intervención se produjo una laceración de 15 centímetros en una arteria ubicada en el lado opuesto al del área quirúrgica, lo que derivó en una hemorragia interna que no fue atendida a tiempo y que resultó fatal para la paciente.
De acuerdo con el fallo judicial, la actuación del médico evidenció impericia médica, aunado a que el hospital fue señalado como corresponsable por no contar con el personal ni los recursos necesarios para enfrentar una contingencia médica de emergencia. La sentencia establece una indemnización superior a los 800 mil pesos, incluye el pago de gastos funerarios, atención psicológica para la familia y una disculpa pública por parte de los responsables.
La resolución también consideró la conducta posterior del médico, quien se retiró del hospital sin supervisar la evolución crítica de la paciente ni ofrecer información clara a la familia, la falta de seguimiento, atención y responsabilidad tras la complicación quirúrgica fue calificada como una omisión grave por parte del juzgado.
Este caso, aunque judicialmente tipificado como una acción civil por daños, expone un patrón de negligencia médica que podría tener implicaciones mayores, cabe señalar que el médico en cuestión ya había sido denunciado meses antes por acoso sexual por parte de pacientes y estudiantes, situación que motivó su despido de otro hospital privado en la ciudad.
La familia de Michell aseguran que continuarán buscando justicia en el ámbito penal, pues consideran que la negligencia médica debe ser abordada no sólo como una falta civil, sino también como una conducta sancionable en términos más amplios de responsabilidad profesional y ética.
El caso ha reavivado el debate sobre la supervisión en clínicas privadas y la falta de mecanismos efectivos para atender errores médicos, pues recientemente en la capital del estado se dio a conocer una muerte en quirófano de una joven madre de familia tras realizarse una cesárea; por lo que el debate público se concentra en los protocolos de atención en intervenciones quirúrgicas consideradas rutinarias, ya que incluso los procedimientos más simples pueden convertirse en tragedias cuando no se actúa con rigor, preparación y compromiso ético.
