Mexicali.- A una semana de la muerte de Steven Arámbula, ocurrida tras una supuesta persecución y choque con una patrulla en el ejido Cucapah Indígena, la postura del director de Seguridad Pública Municipal, Luis Felipe Chan, se emitió en un sentido de minimizar la exigencia de justicia de la familia ni intento explicar el protocolo de intervención policial en la persecución que acabó con la vida del joven de 20 años.
En su primera declaración pública, a una semana de la tragedia que enluto a la comunidad del Valle de Mexicali, el funcionario respaldó la versión inicial de los agentes, afirmando que hubo “una persecución por varios kilómetros en la zona valle”, iniciada en La Puerta y que terminó en el lugar del accidente, donde —según su dicho— se encontró un arma y dosis de droga.
Sin embargo, contrario a este argumento, la versión de testigos es que la persecución se inició y extendió en el mismo poblado Cucapah Indígena, a varios kilómetros de distancia del sitio que explicó el titular de seguridad pública.
Pero lo que más ha llamado la atención es la forma en que intentó restar peso a los señalamientos de la familia, quienes han denunciado un montaje y un uso letal de la intervención.
“En cuanto a lo que la familia refiere… finalmente es su familiar”, dijo Chan, en un comentario que parece sugerir que la cercanía emocional resta credibilidad a su testimonio.
El caso también abre interrogantes sobre los protocolos de intervención en una supuesta persecución, donde los daños en ambas unidades son evidencia de una colisión directa contra un objeto fijo, donde incluso, contrario a los protocolos de actuación en una detención, no se evaluó el riesgo para el conductor y para terceros.
La falta de una actuación apegada a estándares de uso progresivo de la fuerza terminó con la vida de un joven que, además, ha sido criminalizado públicamente sin que exista un procedimiento de investigación adecuado que respalde las acusaciones en su contra.
Mientras la Fiscalía investiga un posible homicidio por culpa y la Sindicatura abrió una investigación por el abuso o exceso de fuerza, los policías implicados siguen activos. No hay, hasta el momento, una suspensión precautoria ni un pronunciamiento que reconozca la gravedad de que un joven de 20 años muriera durante un operativo cuestionado.
La familia de Steven ya presentó una denuncia penal por homicidio y cuenta con el respaldo de decenas de personas que exigen justicia. Sin embargo, el mensaje institucional mantiene un tono distante, más preocupado por reiterar la narrativa policial que por atender la pérdida de una vida.
