Mexicali.- En julio de 2024, el Cabildo de Mexicali aprobó una serie de reformas al Reglamento de Tránsito que representaban, al menos en el discurso oficial, un paso firme hacia la modernización administrativa: las licencias de conducir y tarjetas de circulación en formato digital serían reconocidas como documentos plenamente válidos, sin embargo, policías de tránsito municipal continúan requiriendo a conductores a que realicen el pago de infracciones en cajas.
La medida, impulsada por la Gobernadora Marina del Pilar y llevada a cabo por autoridades estatales como la Agencia Digital de Baja California (ADBC) y el Servicio de Administración Tributaria de Baja California (SATBC), buscaba facilitar la vida de los ciudadanos mediante la plataforma “Identidad Digital BC”.
Sin embargo, a casi un año de esa aprobación, en la práctica cotidiana los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) continúan aplicando criterios que contradicen el espíritu de la reforma.
De acuerdo con Vicente Robles Castañeda, comandante de Tránsito Municipal, si un automovilista comete una infracción y no presenta un documento físico —ya sea licencia o tarjeta de circulación— como garantía, está obligado a pagar de inmediato en la Comandancia.
“La Secretaría de Finanzas nos acaba de enviar un oficio para que las licencias digitales tengan validez, eso fue aprobado por Cabildo. Nosotros no tenemos problema en hacer la boleta de infracción y tomar los datos del celular. El único problema es que, para poder elevar nuestro Reglamento, el artículo 132 nos pide una garantía del pago a la infracción: un documento, ya sea licencia o tarjeta”, explicó el comandante.
La contradicción es evidente. Por un lado, se reconoce legalmente la validez de los documentos digitales. Por otro, se exige un documento físico como garantía para no ser llevado a pagar al instante, lo que deja al ciudadano en una situación de vulnerabilidad, sobre todo si depende únicamente de su celular para demostrar su identidad vehicular.
Desde el Gobierno del Estado, funcionarios como Gabriel Palombo, titular de la ADBC, y Gustavo Santos, director del SATBC,h han insistido en que esta nueva era digital representa una mejora significativa en la atención al público, al eliminar la necesidad de acudir a oficinas para obtener o renovar documentos. Incluso han asegurado que estos documentos digitales cuentan con altos niveles de seguridad, incluyendo códigos QR y elementos visuales únicos.
No obstante, la operatividad en las calles dista de ese ideal. A pesar de que los agentes pueden visualizar los datos del conductor desde el celular, el procedimiento administrativo sigue exigiendo una “garantía” que no contempla el documento digital como suficiente. De esta forma, se pone en duda la funcionalidad real del sistema “Identidad Digital BC” cuando más se necesita: al momento de una infracción.
Este desfase normativo evidencia una desconexión entre las intenciones políticas y la implementación efectiva. La ciudadanía, que ha sido invitada a confiar en el entorno digital, se topa con una burocracia que aún exige papel para validar su operación.
El artículo 132 del Reglamento de Tránsito de Mexicali —al que hace referencia el comandante Robles— establece que debe retenerse un documento como garantía del pago de una infracción. Pero el propio reglamento ya fue reformado para validar los documentos digitales.
En la práctica, esto representa una regresión para quienes ya dieron el salto a lo digital. En lugar de facilitar trámites, el sistema se convierte en una trampa para quienes, confiando en la legalidad de sus documentos digitales, terminan obligados a interrumpir sus actividades para trasladarse a una comandancia a pagar una multa.
En Mexicali, el tránsito hacia la era digital parece atorado en un cruce peligroso entre la voluntad política y la aplicación real. Mientras no se resuelva esta contradicción, el discurso de modernización seguirá siendo eso: un discurso que no alcanza a traducirse en beneficios tangibles para la ciudadanía.
