Mexicali.- Con una maniobra legal disfrazada de “condiciones laborales”, el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (TJEBC), Jaime Vargas Flores, pretende retirarse del cargo en noviembre próximo con una indemnización superior a los 4.3 millones de pesos. El monto equivale a casi el 10% del presupuesto total del órgano jurisdiccional para 2025, lo que ha generado un escándalo de proporciones éticas y políticas.
El acuerdo fue firmado el 10 de diciembre de 2024 en una sesión privada, acompañado por la magistrada Carola Andrade Ramos, el magistrado en funciones Germán Cano Baltazar y la secretaria general de Acuerdos, Karla Giovanna Cuevas, el magistrado presidente diseñó una salida dorada para sí mismo y sus pares.
La publicación del acuerdo ocurrió recién el 6 de junio de 2025 en el Periódico Oficial del Estado, lo que encendió las alarmas entre actores políticos. En particular, el partido Morena —a través del diputado Juan Manuel Molina García— intentó interponer una impugnación legal ese mismo día, sin éxito. El personal del TJEBC se negó a recibir el recurso, alegando que “no eran autoridad responsable”, pese a que el propio tribunal ha admitido recursos en su contra en otros casos.
En el centro del debate está el artículo 34 del nuevo reglamento interno del Tribunal, que establece una indemnización compuesta por 12 meses de sueldo, 20 días de salario por cada año laborado, aguinaldo proporcional, vacaciones no gozadas, prima vacacional y prima de antigüedad. Para un magistrado con sueldo mensual de 186 mil pesos y siete años de servicio, como Vargas, el cálculo supera los 4 millones 300 mil pesos.
Este acuerdo —que no fue avalado por el Congreso local ni sometido a consulta pública— además deroga cualquier disposición administrativa anterior que se le oponga. En otras palabras, los magistrados legislaron para sí mismos en lo oscurito, blindando su retiro con dinero público.
La recién nombrada magistrada Graciela Amezola Canseco no figura entre los firmantes, ya que asumió funciones en abril de este año, lo que añade un matiz de exclusión y urgencia al procedimiento con el que se fraguó el acuerdo.
A esto se suma el hecho de que los magistrados electorales de Baja California no fueron sujetos a la Reforma Judicial, por lo que mantienen su cargo sin haber sido electos ni ratificados. En este contexto, la maniobra parece más un acto de autoprotección que un beneficio laboral legítimo.
Más allá del monto, lo verdaderamente grave es la intención: funcionarios de alto nivel aprobando beneficios personales a espaldas del escrutinio público, con recursos que deberían destinarse a fortalecer la justicia electoral en tiempos de creciente desconfianza ciudadana.
