Mexicali.- En el Congreso del Estado se analiza una reforma conocida como la Ley anti empresas golondrinas, con la que se busca sancionar penalmente a los propietarios de compañías que incumplan con el pago de utilidades y demás derechos laborales, y que además cierren de manera inesperada dejando a su personal sin liquidación.
La iniciativa, impulsada por la diputada Michel Sánchez Allende, plantea que estas prácticas sean consideradas un delito, por lo que los responsables podrían alcanzar penas de hasta seis años de prisión, además de las sanciones económicas correspondientes.
De acuerdo con datos expuestos en el Poder Legislativo, en Baja California se han presentado cientos de denuncias relacionadas con este tipo de casos, afectando a más de mil trabajadores.
Uno de los hechos más recientes ocurrió en AutoLite Mexicali, donde una empresa cerró de forma repentina dejando sin empleo a más de 50 trabajadores, algunos con hasta 20 años de antigüedad, sin recibir el pago de sus prestaciones laborales.
La diputada señaló que así como a los trabajadores se les acusa de robo cuando toman algún objeto de su centro laboral, el hecho de no cubrir salarios, utilidades o finiquitos también debería considerarse una forma de despojo por parte de los empleadores.
“Y cuando el trabajador, la trabajadora, se lleva un celular, se lleva material del trabajo o los acusan de robo, pues no pagar los salarios o los créditos laborales también debería ser un robo desde la clase empresarial, entonces hay que respetarla”, expresó.
La propuesta se encuentra actualmente en análisis en el Congreso local y busca fortalecer la protección de los derechos laborales, así como evitar que empresas operen de manera irregular y desaparezcan sin responder a sus obligaciones con el personal.
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