Mexicali.- “Quiero levantar la voz, ya no me quiero quedar callada porque el día que desaparezca nadie va a venir a hablar por mí”; con esa frase desgarradora, Natividad Alfaro Villalba alzó la voz contra su expareja, Antonio “N”, agente estatal de investigación de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), a quien acusa de haberla golpeado, amenazado y perseguido utilizando su arma de cargo y unidades oficiales.
La mujer, madre de dos hijos de 17 y 7 años, rompió el silencio para denunciar años de violencia física, psicológica, económica y vicaria, que asegura no han cesado a pesar de haber interpuesto una denuncia formal.
En su testimonio, narró que su agresor la obligaba a subir a su patrulla, donde la golpeaba brutalmente, y en ocasiones tomaba su arma para amedrentarla.
“En la mayoría de las ocasiones tenía yo que esconder el arma porque él la tomaba y la disparaba, o me amenazaba delante de sus padres, delante de mis hijos, o incluso aún estando de servicio, iba a mi casa con el arma puesta”, relató.
Aun cuando presentó las pruebas ante la FGE, incluyendo fotografías, videos y registros de llamadas, el proceso se ha convertido en una nueva forma de revictimización.
Según denuncia, personal de la institución le exige documentos y comprobantes de compra para acreditar pertenencias que el agente retuvo, entre ellas uniformes quirúrgicos, mochilas escolares, libros y zapatos ortopédicos de sus hijos, además de su vehículo, que era su única fuente de ingreso como conductora de plataforma.
“Era conductora de Didi, el vehículo que yo estaba pagando con mi esfuerzo, pero él me lo quitó con la unidad, se lo llevó de mi casa. Hasta la fecha no me lo ha regresado. Ese era mi sustento económico para mí y mi familia, aún después de haberme separado de él.”, expresó con desesperación.
La situación se agravó recientemente cuando la Comisión Federal de Electricidad acudió a su domicilio para retirar el medidor de luz. Natividad afirma que el reporte fue hecho por su agresor.
En su declaración, la mujer mencionó que existen videos en los que el agente la persigue y bloquea su camino con la patrulla oficial, además de presentar imágenes con evidencias gráficas de las lesiones sufridas, sin embargo, pese a haber entregado esas pruebas, no ha recibido avances en la investigación ni medidas efectivas de protección.
“Me ha amenazado, la última fue una llamada donde él me especifica que lo detenga si puedo, no lo puedo detener, este es el motivo de alzar la voz y de pedirles ayuda a la fiscalía, aquí está mi denuncia, lo estoy haciendo como ellos me lo están pidiendo y necesito que se me escuche, necesito realmente que se haga justicia, no pido otra cosa más que justicia, quiero ahorita que tengo voz, que tengo vida, porque en el momento en que ya no la tenga, nadie va a poder pelear por mí lo que yo estoy haciendo.”, cuestionó.
Su caso expone no solo la falla institucional en la atención a mujeres víctimas de violencia, sino un conflicto ético profundo dentro de las corporaciones de seguridad, donde un agente puede usar recursos públicos, desde armas, vehículos, uniformes, para cometer actos de agresión.
Natividad asegura que ha seguido todos los pasos que marca el protocolo, pero se siente desamparada por la autoridad investigadora, pues afirma que solo ha recibido acompañamiento de Atención a Victimas.
“Me han ayudado en atención a víctimas, a esclarecer que no solamente fue violencia familiar, sino que fue violencia vicaria, psicológica, económica…”
Su historia es, en palabras de muchas otras mujeres, un reflejo de la impunidad cotidiana que convierte el miedo en rutina y el silencio institucional en violencia.
