Mexicali.- Tres años después de vivir una de las experiencias más violentas y devastadoras de su vida, Priscila Esperanza García León enfrenta hoy un nuevo golpe de impunidad; a pesar de que su agresor, Eduardo Fierro Delgado, fue sentenciado a 10 años de prisión por violación, el juez Fernando Serrano García, modificó su medida cautelar y le concedió arresto domiciliario sin supervisión policial, argumentando falta de elementos suficientes para vigilarlo.
El agresor no es un desconocido para ella, ambos trabajaban en las oficinas regionales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), él como jefe de servicios de intendencia, y su hermana, una de las figuras administrativas más visibles en la institución, como encargada de la oficina de trámites de contabilidad, Priscila, por su parte, laboraba en otra área, sin contacto directo con él, aunque lo conocía “de vista” por ser hermano de una de sus jefas.
“Él me estaba cazando”, relató la víctima en entrevista para Nexos, dijo que él había amenazado con agredirla sexualmente pues se lo había confesado a un compañero.
La agresión ocurrió el 27 de enero de 2022, alrededor de las seis y media de la tarde, cuando Priscila salía de su jornada laboral en la delegación regional del IMSS, ubicada sobre la calzada Cuauhtémoc, mientras colocaba una caja con artículos decorativos en la parte trasera de su vehículo Mazda blanco, recibió un golpe en la espalda.
“Procedente a eso me empujan hacia adentro del vehículo y comienza el ataque, mi violación”, recordó.
El agresor la amenazó de muerte y advirtió que conocía cada detalle de su vida, desde su dirección, los horarios de sus hijas, las escuelas a las que asistían.
“Me amenazó con matarme, con hacerle daño a mis hijas, que sabía perfectamente que estaba sola, donde vivía, las escuelas en las que iban mis hijas, y pues que estaba sola prácticamente”, explicó.
Priscila denunció formalmente tres meses después, en mayo de 2022, y desde entonces ha enfrentado un calvario de violencia institucional en el propio IMSS, asegura haber sido revictimizada, apartada de sus funciones y señalada.
En la Fiscalía, el proceso también fue irregular, pues recordó que “hubo dos agentes que estaban relacionadas directamente con los abogados particulares de mi agresor, las cuales, éticamente no se comportaban de la manera adecuada con una víctima de violación”.
El panorama cambió cuando nuevas fiscales asumieron el caso, pues reconoció que ellas sí la escucharon y abanderaron la lucha en el proceso penal hasta el final y en septiembre de este año lograron la sentencia condenatoria de 10 años.
Esa tranquilidad duró poco. A inicios de octubre, el juez Fernando Serrano García determinó sustituir la prisión por arraigo domiciliario sin vigilancia, decisión que dejó a la víctima en total indefensión.
“Tengo muchísimo miedo de que realmente cumpla sus amenazas o que huya del país y nunca pague lo que hizo, cuando recién denuncié, mis hijas dejaron la escuela, no se graduaron, de hecho ese año les tocaba una primaria y otra secundaria, no las dejé graduarse, vivíamos escondiéndonos”.
Las secuelas psicológicas la acompañan desde aquel día, diagnosticada con estrés postraumático, ansiedad y depresión, confirmadas por especialistas del IMSS, del IEPBC y de la propia Fiscalía.
“Este daño nunca se supera, ni es curable al cien por ciento, es algo que va a acompañarme toda mi vida”
Lo que más le indigna, dice, es que su agresor no está libre por inocente, sino por decisión judicial pues su culpabilidad fue plenamente comprobada, recordó que el juez que lo sentenció lo dijo claramente en la lectura de los cargos, es responsable del delito de violación; aun así, otro juez decidió dejarlo en casa, sin vigilancia.
