Mexicali.- En los primeros seis meses de 2025, el municipio de Mexicali registró un total de 3,105 robos, lo que representa un promedio diario de 17 delitos en esta categoría, de acuerdo con datos oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE), la cifra engloba atracos a vehículos, viviendas, negocios y transeúntes, tanto con violencia como sin ella, y refleja una problemática persistente que parece no encontrar contención real desde el ámbito de seguridad pública.
Aunque la estadística por sí sola es alarmante, el contexto político y administrativo en el que ocurre agrava la percepción ciudadana, pues en lo que va del año, la Dirección de Seguridad Pública Municipal ha experimentado al menos dos cambios de titular, marcando una constante en la inestabilidad del mando operativo.
La reciente salida de Julián Leyzaola, tras una fugaz y opaca gestión de pocos meses, y el retorno del exdirector Luis Felipe Chan Baltazar, fueron decisiones tomadas sin mayor explicación pública y aprobadas de forma expedita por el Cabildo.
El fenómeno del robo no distingue zonas ni sectores sociales; el robo de vehículo encabeza la lista con 965 casos, seguido por el robo a negocio con 591 eventos, y el robo en vía pública con 468 denuncias. Del total, al menos 827 robos se cometieron con violencia, una señal inequívoca del grado de riesgo al que se enfrenta la ciudadanía común en espacios públicos, comercios o incluso dentro de sus hogares.
Sin embargo, más allá de las cifras, lo que evidencia la información es un problema estructural en la respuesta de la corporación policial, ante la constante rotación de directores en la policía municipal, ha derivado en la ausencia de una estrategia sostenida en materia de prevención y persecución del delito.
El informe oficial revela delitos en otros ámbitos: casas habitación (314 casos), negocios (591) y otros robos (767) sumaron casi el 54% del total de robos; la política pública del gobierno de Norma Bustamante ha fallado en contener estos delitos cotidianos, y eso —más allá de los discursos triunfalistas— es lo que verdaderamente mide la eficacia de una administración.
Las detenciones efectivas son mínimas y los esfuerzos de prevención parecen limitados a operativos reactivos sin seguimiento, reflejo de una política de seguridad pública sin visión de largo plazo, que no dependa de voluntades momentáneas, sino de diagnósticos reales y metas medibles.
