Mexicali.- La irrupción violenta de elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) en una vivienda del fraccionamiento Balboa, donde reside una agente de la Fiscalía General del Estado, ha encendido focos rojos no solo por la gravedad del hecho, sino por las contradicciones y vacíos en las versiones oficiales; mientras la víctima denuncia golpes, amenazas y robo por parte de más de 20 agentes, las autoridades estatales aún no logran explicar bajo qué fundamento legal se realizó el operativo.
El secretario de Seguridad, Laureano Carrillo, justificó la intervención como parte de un seguimiento de inteligencia de tres meses y, en otro momento, como respuesta a una supuesta denuncia de violencia familiar vía 911, sin embargo, admitió que no hay evidencia clara sobre cómo se ingresó al domicilio, que la investigación interna apenas comienza, y que aún no puede confirmar si hubo o no violación a protocolos.
Las declaraciones del secretario no convencen, en especial ante la magnitud del despliegue conformado por 12 unidades, entre inteligencia y fuerza operativa quienes ingresaron al fraccionamiento, derribando la pluma de acceso; Carrillo asegura que solo cuatro agentes están bajo revisión directa, aunque reconoce que en video se observa un operativo mucho más amplio. No presentó pruebas de flagrancia ni una orden de cateo, aunque sostuvo que los operativos pueden ejecutarse “a cualquier hora” por información emergente.
La fiscal general del estado, María Elena Andrade, fue enfática, pues afirmó que la Fiscalía no fue informada del operativo antes de su ejecución y solo tuvo conocimiento del caso cuando la agente afectada presentó formalmente su denuncia.
“Estamos esperando la información completa por parte del secretario”, dijo. Confirmó que ya se dio vista a Asuntos Internos y que se integró una carpeta por la denuncia contra los agentes de la FESC, aunque aclaró que no se adelantarán juicios, “No aseguramos aún que la intervención haya sido errónea, pero tampoco contamos con los elementos para validarla”, explicó.
Andrade también reconoció que se está revisando todo el entorno de la agente denunciante, incluyendo a su familia, el origen de la información operativa y los motivos que llevaron a la FESC a intervenir en ese punto específico.
El secretario enumera reestructuras, relevos de mandos y apertura de investigaciones como señal de compromiso, pero reconoce que hay más de cien casos abiertos contra la FESC por posibles abusos, las cifras no son argumento de transparencia, sino evidencia de un problema sistemático dentro de la corporación.
Las palabras de Carrillo, lejos de aclarar, ratifican una preocupación mayor entre la comunidad mexicalense, el uso de la fuerza pública sin controles reales, sin transparencia inmediata y con un aparato institucional dispuesto a justificarlo todo, incluso cuando las víctimas forman parte del sistema de procuración de justicia.
