Mexicali.- La muerte violenta de una persona integrante de la comunidad trans, localizada en el ejido Jiquilpan, en el Valle de Mexicali, volvió a colocar sobre la mesa la exigencia de colectivos de la diversidad sexual para que estos hechos sean investigados como crímenes de odio y se legisle la figura del transfeminicidio en Baja California.
Altagracia Tamayo, fundadora del Comité Orgullo LGBTTTIQ+, informó que la organización mantiene comunicación con la Fiscalía General del Estado para dar seguimiento a las investigaciones y colaborar en la identificación de la víctima, quien permanece en las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) como persona no identificada.
Explicó que, tras revisar las fotografías del caso, integrantes del colectivo consideran que la víctima probablemente no era conocida dentro de la comunidad trans de Mexicali, por lo que podría ser originaria de alguna comunidad del Valle, por ello, solicitaron a la Fiscalía reforzar las indagatorias en la zona, entrevistando a vecinos y comerciantes para establecer su identidad y evitar que el cuerpo termine en la fosa común.
La activista sostuvo que el caso presenta características de un posible crimen de odio y recordó que el colectivo ha documentado 17 asesinatos de mujeres trans en Mexicali y su valle desde la década de 1990, dentro de un registro de más de 40 homicidios de personas de la diversidad sexual. Sin embargo, aseguró que ninguno ha sido investigado ni reconocido oficialmente como transfeminicidio.
“Siempre terminan clasificándolos como homicidios simples, crímenes pasionales o hechos relacionados con drogas, pero nunca se reconoce el odio con el que fueron cometidos”, afirmó.
Tamayo señaló que la falta de una figura penal específica y de protocolos especializados invisibiliza la violencia que enfrenta la población trans y dificulta el acceso a la justicia, asimismo, lamentó los comentarios transfóbicos difundidos en redes sociales tras conocerse el caso, donde usuarios cuestionaron la identidad de género de la víctima.
Finalmente, hizo un llamado al Congreso del Estado para retomar la discusión sobre el reconocimiento del transfeminicidio y establecer mecanismos legales que permitan investigar estos asesinatos con perspectiva de género y derechos humanos, al considerar que la ausencia de una legislación específica mantiene a las víctimas en la impunidad incluso después de perder la vida.