Mexicali.- A más de seis meses de que permisionarios de sitios de taxi formalmente establecidos presentaran solicitudes de auxilio a las autoridades municipales y estatales, la operación de taxis “libres” en la salida peatonal de la Garita Centro, específicamente sobre la calle Melgar y frente al Hotel del Norte, continúa sin ser regulada; a pesar de que en la zona existen letreros que prohíben explícitamente el estacionamiento y ascenso de pasajeros, decenas de unidades operan a diario sin distintivos, sin permisos y sin ser objeto de infracción alguna.
Documentos en poder de Nexos revelan que desde febrero de 2026, representantes de los sitios legalmente establecidos han solicitado múltiples reuniones con el Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS), la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) y el Ayuntamiento, en dichos oficios, se solicitaba vigilancia, retiro de unidades irregulares y la implementación de operativos de inspección.
Sin embargo, señalan que la respuesta institucional ha sido nula, e incluso afirman que el IMOS ha dejado de tener presencia en la zona, e incluso ahora, la misma policía municipal les ha brindado acompañamiento a los conductores irregulares.
La problemática, según los denunciantes, no se limita a una competencia desleal, ya que mientras los sitios autorizados cumplen con normativas, revisiones vehiculares, uniformes y concesiones, los operadores irregulares no cuentan con ningún tipo de identificación visible.
Esta falta de rastreabilidad ha encendido las alertas de seguridad, pues se tiene conocimiento de que algunas de estas unidades han estado involucradas en delitos de alto impacto, como el secuestro express, con choferes actualmente en prisión, robos con violencia e incluso acoso a las usuarias.
Este antecedente debería ser motivo suficiente para que las autoridades actuaran de oficio, pero la realidad es que la calle Melgar sigue siendo un punto ciego para la ley.
A pesar de la gravedad de los hechos y de la evidencia documental de las solicitudes formales, las autoridades correspondientes no han emitido una postura oficial ni han implementado acciones contundentes para recuperar el espacio público y garantizar la seguridad de los usuarios.
No se trata únicamente de una disputa entre gremios de transportistas, sino de una falla sistémica en la que las autoridades competentes, teniendo el conocimiento, las herramientas legales y las denuncias formales, deciden no actuar.