Mexicali.- El Congreso de Baja California aprobó una reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado para reconocer el nepotismo como una falta administrativa grave y fortalecer los mecanismos legales para prevenir y sancionar el favoritismo familiar en las instituciones gubernamentales.
La modificación deriva de una iniciativa presentada en enero de 2026 por la diputada con licencia Araceli Geraldo Núñez, con el propósito de impedir que las personas servidoras públicas utilicen sus cargos o facultades para favorecer la contratación de familiares.
Mediante el Dictamen 118, avalado por el Pleno legislativo, se reformó el artículo 7 y se adicionó el artículo 63 Quater de la legislación estatal.
La disposición considera nepotismo cuando una persona servidora pública interviene, directa o indirectamente, en el nombramiento o contratación de familiares dentro de la institución donde desempeña sus funciones. La prohibición abarca puestos de confianza, de estructura, de base y contrataciones por honorarios.
Los vínculos contemplados incluyen parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, por afinidad hasta el segundo grado, así como relaciones de matrimonio o concubinato.
De acuerdo con la exposición de motivos, esta práctica afecta la igualdad de oportunidades para acceder al servicio público y debilita la confianza ciudadana en las instituciones, al anteponer intereses particulares al interés general.
La reforma también busca armonizar la legislación de Baja California con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que contempla disposiciones contra el nepotismo desde 2019.
Con la aprobación, el Poder Legislativo estatal incorpora herramientas jurídicas para establecer responsabilidades por el uso de atribuciones públicas en beneficio de familiares.
La aplicación de estas disposiciones será relevante para determinar cómo se investigarán y sancionarán las posibles conductas de nepotismo dentro de las dependencias estatales y municipales.