Mexicali.- El Plan Integral de Reivindicación y Protección para los pescadores de San Felipe fue aprobado por unanimidad en la XXV Legislatura del Congreso de Baja California, a propuesta del diputado Juan Manuel Molina García, con el objetivo de armonizar la conservación ambiental con la subsistencia de las familias del Alto Golfo.
El acuerdo exhorta al Ejecutivo Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a analizar la viabilidad de un esquema integral que garantice una transición económica funcional para el sector pesquero, históricamente impactado por vedas y restricciones.
En septiembre pasado, pescadores del puerto ya habían advertido sobre el deterioro de su economía, integrantes de la cooperativa Sociedad de Panga Ribereñal, explicaron que la veda ambiental, vinculada a la protección de la vaquita marina, los mantuvo sin actividad durante meses, obligándolos a desplazarse hasta 50 millas al sur para intentar pescar, con altos costos de gasolina y sin apoyos gubernamentales vigentes.
De acuerdo con sus testimonios, alrededor del 85 por ciento del puerto depende de la pesca. “El sector tiene hambre”, expresó entonces, al señalar que, a diferencia de años anteriores, no se otorgaron subsidios durante los periodos de restricción. Incluso realizaron una manifestación en el monumento al pescador para exigir diálogo y apoyo económico temporal.
El diputado Molina García retomó ese contexto al señalar que las regulaciones han privilegiado un enfoque restrictivo sin consolidar alternativas productivas reales. Propuso como referencia el Plan de Justicia para San Quintín, al considerarlo un modelo que combina inversión pública y reconocimiento de derechos.
Con la aprobación unánime, el Congreso fija postura institucional en favor de una política integral que atienda la crisis económica del sector, sin desatender la protección ambiental en la región.
