Mexicali.- Una ex servidora pública adscrita a la Oficialía Mayor del Gobierno de Baja California terminó bajo investigación penal y con orden de aprehensión vigente tras ser acusada de pedir más de 532 mil pesos a cambio de realizar un trámite gubernamental, en uno de los casos de corrupción más delicados expuestos recientemente por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado.
La denuncia, según informó la titular María Gabriela Monge, fue recibida directamente por la gobernadora durante 2025, a partir de ello se instruyó una investigación inmediata que derivó en procedimientos administrativos y penales contra la ex funcionaria, cuya identidad y área específica permanecen bajo reserva debido al proceso en curso.
De acuerdo con la información oficial, la ex empleada pública habría utilizado su posición y presunta influencia dentro de la estructura gubernamental para solicitar el dinero a un ciudadano, el caso avanzó rápidamente y actualmente enfrenta una falta administrativa grave por abuso de funciones, mientras que por la vía penal ya fue vinculada a proceso por los delitos de fraude y tráfico de influencias.
Las autoridades confirmaron además que ya existe una orden de aprehensión en su contra, aunque no se precisó si la ex funcionaria ha sido localizada.
“Hoy la persona está, sujeta por la vía administrativa a una falta grave que es el abuso de funciones y por la vía penal, esta persona ex servidora pública ya está vinculada a proceso por los delitos de fraude y tráfico de influencia, y no solamente ello, sino que ya se giró orden de aprehensión”, explicó Monge.
El caso fue presentado junto con otras investigaciones relacionadas con presuntos actos de corrupción dentro de la administración estatal, uno de los expedientes involucra a tres particulares y dos ex servidores públicos adscritos a la Secretaría de Hacienda, señalados por presunto tráfico de influencias, promoción de conductas ilícitas y cohecho.
Otro asunto, identificado únicamente como relacionado con un área de la zona costa, involucra a un particular y tres funcionarios públicos por delitos similares. En ambos casos, la Secretaría Anticorrupción señaló que se utilizaron “usuarios simulados” para ampliar información y robustecer las denuncias penales presentadas ante la Fiscalía General del Estado.
En lo que va de la actual administración estatal se han aplicado 339 sanciones administrativas: 36 suspensiones, 39 inhabilitaciones, 91 amonestaciones públicas y 173 privadas.
Además, 117 expedientes por faltas graves fueron enviados al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), instancia encargada de resolver responsabilidades administrativas de mayor impacto.