Mexicali.- Después de más de una década sin una actualización oficial sobre las principales fuentes contaminantes en Baja California, la Comisión de Medio Ambiente del Congreso del Estado aprobó una reforma para obligar al gobierno estatal y a los municipios a elaborar inventarios de emisiones cada tres años, una decisión que organizaciones civiles y especialistas consideran fundamental para fortalecer la política ambiental en la región.
De acuerdo a Alberto Mexia director de la asociación Redspira, el último inventario estatal reconocido como instrumento de política pública data de 2014, lo que dejó durante 12 años a las autoridades sin una radiografía precisa sobre las fuentes de contaminación que afectan a ciudades como Mexicali, una de las zonas con mayores problemas de calidad del aire en el país.
Inicialmente, la propuesta legislativa contemplaba una periodicidad de cinco años, pero desde Redspira, respaldados por opiniones técnicas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Centro Mario Molina y organizaciones ambientales de Mexicali, presionaron para reducir ese plazo a tres años, el argumento central fue que cada administración gubernamental debe contar con diagnósticos actualizados para diseñar, corregir y evaluar políticas públicas durante su gestión.
Mexia destacó que los inventarios permiten documentar emisiones provenientes de industrias, generación eléctrica, vehículos, infraestructura gubernamental y otras fuentes contaminantes; estudios previos realizados en Mexicali señalaron que la movilidad vehicular representa una de las principales fuentes de contaminación, lo que evidencia la necesidad de políticas enfocadas en pavimentación, modernización del transporte y reducción de emisiones móviles.
Sin embargo, nuevas preocupaciones surgieron por la operación de la planta generadora de energía de la Comisión Federal de Electricidad instalada en el Ejido Cuernavaca, la cual, aunque opera con gas natural, fue señalada por ambientalistas como una nueva fuente relevante de partículas PM 2.5. Advirtieron que, pese a presentarse como una alternativa “más limpia”, continúa siendo una fuente fósil con impacto ambiental considerable.
Durante la sesión legislativa, diputados y autoridades ambientales ajustaron la propuesta original y aprobaron por unanimidad la periodicidad trianual sin restricciones.
Además, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable informó que ya analiza proveedores para ejecutar este año la actualización del inventario estatal, con expectativa de publicación para el primer trimestre de 2027. Este documento será clave para la renovación del PROAIRE, programa estratégico para mejorar la calidad del aire en Baja California, cuyo periodo actual concluye ese mismo año.