Mexicali.- La Fraternidad Policiaca llamó a evitar juicios anticipados contra los agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal señalados por su actuación durante el ingreso de un hombre a un despacho jurídico, al considerar que cualquier responsabilidad deberá establecerse mediante una investigación y con respeto al debido proceso.
Antonio Navarrete Castillo, presidente de la organización, manifestó su respeto hacia el abogado Jaime Dávila Galván y reconoció la importancia de esclarecer lo ocurrido, aunque advirtió que una posible falla en los protocolos de actuación de algunos elementos no debe utilizarse para estigmatizar al resto de la corporación.
El representante policial reconoció que, desde su perspectiva, pudo existir una falla protocolaria durante la primera intervención de los agentes. Sin embargo, subrayó que no puede equipararse automáticamente una equivocación operativa con una conducta dolosa.
Explicó que, de acuerdo con la versión proporcionada por los propios elementos, el hombre que se encontraba dentro del despacho logró convencerlos de que era un guardia de seguridad, situación que derivó en que no fuera detenido durante la primera intervención.
Navarrete consideró que las circunstancias deben ser revisadas por las autoridades competentes y señaló que existen elementos suficientes para realizar una investigación, pero no para establecer anticipadamente una responsabilidad.
Respecto a los señalamientos sobre una posible colusión entre los agentes y el presunto responsable, pidió prudencia, al considerar prematuro formular una conclusión mientras continúan las indagatorias.
Recordó además que el hombre que ingresó al despacho fue finalmente detenido y puesto a disposición de la autoridad, y posteriormente vinculado a proceso.
“No estamos a favor de la impunidad”, sostuvo Navarrete, al señalar que la Fraternidad Policiaca no pretende impedir que se investigue a los agentes.
La organización, dijo, busca que cualquier determinación de la Sindicatura se base en pruebas y no en presiones externas, garantizando los derechos procesales de los policías mientras se determina si existió una responsabilidad administrativa o de otra naturaleza.