Mexicali.- Mientras el Ayuntamiento de Mexicali sostiene un discurso de disciplina financiera, los recursos destinados a asesorías, consultorías y servicios profesionales muestran un crecimiento que ha encendido cuestionamientos sobre la necesidad y justificación de este tipo de contrataciones durante la administración encabezada por la alcaldesa Norma Bustamante.
Un análisis del Observatorio Ciudadano de Baja California revela que durante 2025 el gobierno municipal destinó 41.2 millones de pesos a contratación de honorarios. Sin embargo, apenas al cierre del primer trimestre de 2026 esa cifra ya había escalado a 70.6 millones de pesos, superando en casi 30 millones el monto ejercido durante todo el año anterior.
Entre los contratos de mayor monto destacan una asesoría para el diseño y ejecución de “proyectos estratégicos” por 10.4 millones de pesos, un servicio de monitoreo del consumo de combustible del parque vehicular por 6.8 millones, la recuperación de ISR y timbrado de nómina por 5.4 millones, además de diversos servicios actuariales, financieros, jurídicos y de sostenibilidad financiera, la mayoría otorgados mediante adjudicación directa.
A ello se suma la contratación, en febrero de 2026, del despacho Rodríguez, Martín del Campo y Asociados para un programa de recuperación de cartera vencida con honorarios equivalentes al 30 por ciento de lo efectivamente recaudado, hasta por 10 millones de pesos más IVA. Un mes después, el Ayuntamiento adjudicó otro contrato por 20.3 millones de pesos para la defensa fiscal del crédito determinado por el SAT por más de 500 millones de pesos.
El propio Observatorio cuestiona que estas contrataciones se realicen pese a que el municipio cuenta con una plantilla superior a 6 mil empleados, además de señalar que en el portal de transparencia no se exhiben los documentos que acrediten la inexistencia de personal capacitado para realizar dichas funciones, requisito previsto en la legislación estatal para contratar asesorías externas. También critica el uso recurrente de adjudicaciones directas y la contratación de consultorías cuya necesidad considera discutible.