Mexicali.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reportó la aplicación de 75 sanciones y ocho inhabilitaciones a servidores públicos, además de 544 observaciones derivadas de auditorías, durante la comparecencia de su titular, María Gabriela Monge Pérez, ante el Congreso de Baja California.
En el marco de la glosa del informe de gobierno, la funcionaria informó que la dependencia realizó 122 auditorías, de las cuales se desprendieron 544 observaciones. De ese total, 286 fueron solventadas, mientras que el resto permanece sujeto a seguimiento.
Durante la sesión, diputadas y diputados cuestionaron los resultados de las investigaciones, el alcance de las sanciones y la efectividad de los mecanismos para combatir posibles actos de corrupción dentro de las instituciones estatales.
La diputada Gabriela Ponce solicitó precisar cuántas de las aproximadamente mil 500 quejas, denuncias y atenciones ciudadanas recibidas derivaron en investigaciones formales y sanciones. Monge Pérez explicó que parte de esos asuntos corresponde a gestiones ciudadanas.
Respecto al caso de Fisamex, señaló que existen 15 procedimientos abiertos, mientras que un expediente relacionado con el INDIVI permanece pendiente de resolución ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.
También se abordaron presuntas irregularidades inmobiliarias, el caso de un predio adquirido por la alcaldesa de Rosarito, Rocío Adame, por 5 mil 623 pesos, y la entrega de un terreno al Issstecali mediante dación en pago.
Sobre este último asunto, la dependencia informó que identificó posibles responsabilidades de una persona vinculada al Issstecali y otra de la Comisión Estatal de Avalúos.