Mexicali.- Un hombre originario de Mexicali fue sentenciado en Estados Unidos a siete años y tres meses de prisión por su participación como operador clave dentro de una organización criminal dedicada al tráfico de personas, presuntamente encabezada por Ofelia Hernández Salas, alias “Doña Lupe” o “La Wera”, quien recientemente recibió una condena de 11 años de cárcel por los mismos hechos.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Raúl Saucedo-Huipio, de 51 años de edad, fue condenado a 87 meses de prisión tras declararse culpable de conspiración para introducir personas ilegalmente al país y trasladarlas con fines de lucro.

Las investigaciones establecen que Saucedo-Huipio desempeñó funciones de supervisión dentro de la organización entre 2018 y 2022, coordinando operaciones de cruce clandestino en la frontera entre México y Estados Unidos. La red habría facilitado el ingreso ilegal de más de 200 migrantes procedentes de Bangladesh, Yemen, Pakistán, India, Rusia, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Guatemala y México.
Según la acusación, el mexicalense utilizaba armas de fuego para intimidar a los migrantes y dirigía maniobras para evadir los controles fronterizos, proporcionando escaleras para superar el muro, identificando aperturas en la barrera e incluso utilizando tablas de madera para cruzar cuerpos de agua. En uno de los casos documentados por las autoridades estadounidenses, supervisó el traslado de tres menores de edad mediante un puente improvisado.

Además del tráfico de personas, la investigación señala que integrantes de la organización despojaban a los migrantes de dinero en efectivo, teléfonos celulares y otras pertenencias, en ocasiones mediante amenazas con armas de fuego y cuchillos.
Saucedo-Huipio fue detenido en México en marzo de 2023 junto con Ofelia Hernández Salas, identificada como líder de la estructura criminal que operaba en Mexicali y San Luis Río Colorado. Hernández Salas, originaria de Guerrero pero residente en Mexicali, fue capturada por elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), extraditada a Estados Unidos y sentenciada en mayo de 2026 a 11 años de prisión tras declararse culpable por delitos relacionados con el contrabando de migrantes.
Las sentencias representan un nuevo golpe contra las redes de tráfico de personas que operan en la frontera entre Baja California y Arizona.
